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CONFLICTO INSTITUCIONAL

El PSC reclama a Ensenyament que pague ya su deuda por las guarderías

Los socialistas piden que la Generalitat no recurra la sentencia que le obligaría a pagar unos 60 millones de euros

Carmen Jané

Jaume Collboni y varios alcaldes socialistas presentan el recurso en Ensenyament para reclamar el pago a las guarderías.

Jaume Collboni y varios alcaldes socialistas presentan el recurso en Ensenyament para reclamar el pago a las guarderías. / LUAY ALBASHA

El concejal del Ayuntamiento de Barcelona Jaume Collboni y varios alcaldes del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) han solicitado formalmente a la Conselleria d’Ensenyament que abone las cantidades que adeudan a las guarderías de titularidad municipal desde el 2012 al 2015 tal como le obligan varias sentencias del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya del pasado otoño. 

La Generalitat de Catalunya redujo en el 2012, bajo el gobierno de Artur Mas, y dejó de pagar después, la parte correspondiente al convenio entre administraciones para financiar las ‘escoles bressol’ o parvularios, no incluidas en la enseñanza obligatoria pero que cubren la escolarización hasta los 3 años. La entonces 'consellera' Irene Rigau reconoció que habían desviado la partida para pagar nóminas a profesores de la concertada.

Generalitat y ayuntamientos habían acordado por ley que pagarían cada uno un tercio del total y el tercio restante correspondería a las familias. Así, sobre un coste total aproximado de 5.400 euros por curso y niño que debían costear a partes iguales Govern, ayuntamientos y Generalitat, Ensenyament abonaba 1.800 euros; pasó a pagar 875 y desde el 2015, según denuncian los socialistas, ya no abonan nada y han derivado su responsabilidad hacia las diputaciones. Ante el impago, algunos ayuntamientos socialistas y de Iniciativa per Catalunya asumieron la diferencia y otros lo repercutieron en las familias, pero todos denunciaron ante los tribunales, 30 de forma colectiva y otros 6 de forma individual.

Pago de 1.300 euros

En la sentencia colectiva, tras ser estimado un recurso de Ensenyament, el TSJC finalmente condenó a la Generalitat este diciembre a pagar 1.300 euros por alumno y curso por los años 2012-2013, 2013-2014 y 2014-2015. En total, unos 17 millones de euros. 

Collboni y los alcaldes de Esplugues y Sant Adrià, entre otros, han pedido a la Generalitat que no presente recurso a la sentencia -tiene de plazo hasta el próximo 23 de febrero- y que abone las cantidades adeudadas por los tres últimos cursos. Solo en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, que no interpuso la demanda en su día pero que ahora reclama esa misma cantidad, son 42 millones de euros. Badalona, cuyo ayuntamiento también reclamará su parte pese a no haber demandado previamente, exige a su vez 2,5 millones de euros.

Collboni ha calificado la sentencia del TSJC de "victoria", y ha destacado que, a juicio de los socialistas, "la educación de 0 a 3 años es fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades" y, por tanto, debería ser un derecho universal. "Las sentencias han de servir para que no se suban las tarifas y que el dinero se pueda reinvertir en políticas sociales".

No esperar a que haya Govern

Entre los veintiseis municipios que han ganado la demanda colectiva figuran Lleida, Tarragona, Barberà del Vallès, Camprodón, Cerdanyola del Vallès, El Prat, Ripollet, Rubí, Viladecans, Sant Celoni, Santa Coloma de Gramanet, Sant Boi y El Vendrell. Otros cuatro -Granollers, Les Masies de Voltregà, Riudarenes y Sant Cugat Sesgarrigues- se desvincularon de la demanda ante el TSJC, y otros seis -Cornellà, Esplugues, L’Hospitalet, Sabadell, Sant Joan Despí y Terrassa- han mantenido procesos judiciales individuales. "Hay muchos modelos de gestión. Los que hayan repercutido la diferencia sobre las familias, tendrán que decidir qué hacen ahora con el dinero", explicó la responsable de educación socialista, Ana del Frago. 

Los socialistas no han querido esperar a que haya un Govern de la Generalitat constituido para presentar su reclamación, porque "la vida continúa y esto no lo tienen que pagar ni las familias ni los ayuntamientos", dijo Collboni. 

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