El Gobierno endosa el coste de Castor a los consumidores

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra la indemnización millonaria del Castor no ha frenado que los costes los sigan pagando los consumidores a través del recibo del gas. El 'Boletín Oficial del Estado' (BOE) ha publicado los cánones y peajes que el fallido almacén de gas costará a los consumidores durante el 2018. Aunque el alto tribunal califica de inconstitucional el recargo que desde hace tres años vienen asumiendo los consumidores, el Gobierno de Mariano Rajoy prevé seguir cobrando de cara el próximo año los costes el fracasado proyecto. En total, los consumidores del gas deberán pagar a través de la factura 96,38 millones de euros. De estos, 80,6 millones se pagarán a "los titulares con derecho de cobro con cargo al sistema gasista" de la indemnización del Castor, y 15,7 millones serán para el mantenimiento que Enagás Transporte hace de la plataforma marina y las instalaciones terrestres, cerradas y hibernadas.

El Ministerio de Energía tomó la decisión el 22 de diciembre, al día siguiente de la sentencia del TC, y estableció los peajes y cánones asociados el acceso a terceros de las instalaciones de gas y la retribución de las actividades reguladas para el año 2018. La exconcessionaria del proyecto Castor, Escal UGS, participada mayoritariamente por ACS, de Florentino Pérez, es la principal beneficiada. La orden ministerial también estima que, de acuerdo con las obligaciones indicadas en el artículo 3.2 del decreto ley (este avalado por el TC), "se reconocen los costes provisionales de operación y mantenimiento para Enagás Transporte", para el próximo año y por valor de 15,71 millones de euros. Los costes reales deberán justificarse con una auditoría para que el Ministerio los apruebe con carácter definitivo pero las cifras vienen repitiéndose casi idénticas desde que, hace tres años, cuando se empezaron a cobrar estos peajes y cánones derivados del fracasado almacén Castor .

El coste del mantenimiento también se ha cuestionado en los pasados ejercicios porque es casi similar a los costes que tendría de estar en funcionamiento y próximo al del único almacén de gas submarino operativo en España, el de Gaviota, en el País Vasco. Desde el Observatorio de la Deuda en la Globalización y desde el Grupo Promotor del Juicio Popular al Proyecto Castor criticaron que Florentino Pérez salga "inmune, incluso de las sentencias del Tribunal Constitucional". En un comunicado, lamentaron que "de nuevo, casi 100 millones de euros" vayan destinados al pago "de un proyecto-estafa que nunca ha entrado en funcionamiento y que ocasionó más de mil terremotos en la zona".