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Los anti-Castor exigen la devolución de la indemnización

El Periódico

La planta de almacenamiento de gas Castor.

La planta de almacenamiento de gas Castor. / JOAN REVILLAS

La Plataforma en Defensa de las Tierras del Sénia ha mostrado hoy su "satisfacción parcial" tras haber recibido la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la indemnización millonaria al fallido proyecto de almacén de gas Castor.

El movimiento social que lucha para desmantelar este proyecto celebra que el TC haya anulado una indemnización que, en palabras de su portavoz, Cristina Reverté, es "ilegal e ilegítima".

"La empresa concesionaria debería revertir la indemnización que ha recibido indebidamente", ha defendido.

Reverté también ha reclamado al Ministerio de Energía que se asegure de "la restitución del dinero abonado por los consumidores, con los intereses incluidos y con la misma urgencia que pagó la indemnización".

La lotería Castor

Por su parte, Evelio Montfort, también portavoz de la Plataforma, ha ironizado comparando la indemnización anulada por el TC con la lotería: "la lotería Castor, un premio que el Gobierno español nos hace a todos", ha afirmado.

Montfort ha criticado al Gobierno porque "en lugar de beneficiar a los que los votan, prefieren beneficiar a aquellos que les pagan las campañas electorales".

Y ha añadido que "con esta sentencia se demuestra que teníamos razón, pero tenemos un problema, y es que pagaremos un año más casi 100 millones de euros y ya van tres".

El portavoz hacía referencia al hecho de que, a pesar de la resolución del TC, el día siguiente al conocimiento de la sentencia el BOE publicó, un año más, los cánones y peajes que asumen los consumidores para pagar el almacén submarino Castor.

En este sentido, la Plataforma confiesa que el cumplimiento de la sentencia "es difícil, pero tenemos esperanza".

Por su parte, el alcalde de Alcanar, Alfons Montserrat, ha afirmado que "estamos seguros de que el Gobierno central cumplirá la ley" y que la sentencia "pone en evidencia la mala gestión del factor energético y cómo estas decisiones políticas están afectando a la competitividad de las empresas catalanas y españolas".

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la indemnización de 1.350,7 millones para las empresas promotoras del proyecto de almacén de gas de Castor que fijaba el decreto ley de medidas del sistema gasista que el Gobierno aprobó en 2014, al considerarla inconstitucional.

Recurso catalán

En su sentencia, el TC estima parcialmente los recursos presentados por el Parlament, el  Govern y el grupo del PSOE en el Congreso y acuerda declarar "inconstitucionales y nulos" los artículos del decreto que establecían una indemnización por la suspensión de la actividad del almacén, situado frente a las costas de Vinaròs (Castellón) y Alcanar (Tarragona), tras los centenares de pequeños seísmos registrados en la zona.

El TC considera que no concurría una "situación de extraordinaria y urgente necesidad" que justificara aprobar un decreto ley para "atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista".

El Gobierno suspendió en septiembre de 2013 la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, tras los cientos de seísmos registrados en la zona, y en octubre de 2014 aceptó mediante un decreto ley la renuncia de Escal UGS -participada por la compañía ACS en un 66,67%- a la concesión de la instalación.

Al mismo tiempo, el real decreto establecía una indemnización de 1.350,7 millones para la compañía, cantidad que se cargaría en el recibo del gas durante 30 años.