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Rajoy promete 200 millones en el 2018 contra el machismo pero las CCAA desconfían

Monserrat garantiza a las comunidades una partida extra el año próximo haya o no presupuestos

Las primeras 26 medidas, de las 200 acordadas, comenzarán a aplicarse a partir del mes de enero

Patricia Martín

La ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, ha presidido este miércoles la Conferencia Sectorial de Igualdad destinada a ratificar el Pacto de Estado contra la violencia machista. 

La ministra de Sanidad, Dolors Monserrat, ha presidido este miércoles la Conferencia Sectorial de Igualdad destinada a ratificar el Pacto de Estado contra la violencia machista.  / JUAN MANUEL PRATS

España alumbró este miércoles el primer pacto de Estado desde el 2000. Sin la pompa con que José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero suscribieron el acuerdo contra el terrorismo hace 17 años, las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios se adhirieron, en una conferencia sectorial, al compromiso alcanzado en el Congreso el pasado septiembre –con la abstención de Podemos- y que incluye más de 200 medidas contra el maltrato, que se  financiarán con 1.000 millones de euros en cinco años, 200 en el 2018.

“El pacto representa la hoja de ruta contra la violencia machista, donde no cabe la indolencia ni la indiferencia”, aseguró la ministra de Igualdad, Dolors Monserrat. La firma por parte de las autonomías y municipios, añadió, supone “culminar” unos trabajos que arrancaron hace más de un año y en los que, a través de una compleja organización, han participado intensamente partidos, el gobierno y los expertos.

A la par, el 2017 ha dejado, de nuevo, unas cifras trágicas. Monserrat confirmó este miércoles que se elevan a 47, tres más que el año pasado, el número de víctimas mortales, al incluir a la mujer asesinada en Sant Adrià de Besós (Barcelona). Y el caso de la joven fallecida en Benicàssim podría aumentar la lista, ya que el conductor fallecido en el coche en el que viajaban ambos había sido denunciado por lesiones.

El seguimiento

La ministra reconoció que queda mucho camino por recorrer, pero se mostró esperanzada en que el “potente” pacto tenga un impacto “positivo”. Las autonomías, especialmente las socialistas, mostraron más recelos. La mayoría de los consejeros reclamaron que se pongan en marcha ya las medidas, así como la financiación necesaria. La más dura fue la representante de Castilla La-Mancha, Araceli Martínez, quien discrepó del gobierno y señaló que la firma no “culmina” el pacto, sino que solo supone “un paso más”. “Las autonomías estaremos vigilantes”, advirtió. También el PSOE y otros partidos prevén seguir con lupa el cumplimiento de un acuerdo difícil de implementar, como pone de manifiesto que se hayan creado, entre otros, una comisión interministerial y un grupo de trabajo con las comunidades, que engloba a su vez otros seis grupos, para supervisar el desarrollo del pacto.

Para que no se convirtiera en un brindis al sol, la oposición presionó al Gobierno para introducir una dotación presupuestaria, fijada en los 1.000 millones, de los que 500 irán a parar las autonomías y 100 a los ayuntamientos. Los primeros 200 millones correspondería invertirlos en 2018, pero como Mariano Rajoy no ha logrado sacar adelante los presupuestos, la ministra garantizó que o bien se incluye una partida si el PP logra los necesarios o bien se hace una modificación extraordinaria en la prórroga de las cuentas del 2017. Todo ello en el primer trimestre del próximo año. El presidente del Gobierno ya avanzó el compromiso en noviembre.

Eso sí, la titular de Igualdad apenas supo detallar las medidas concretas que se pondrán en marcha inmediatamente, más allá de especificar que el Gobierno trabaja ya en las reformas legislativas, que tendrían que ver la luz en seis meses.

Los menores

Después su equipo repartió las 26 medidas que comenzarán a aplicarse a partir de enero, entre ellas un paquete de acciones destinadas a incrementar la protección de los menores, considerados también víctimas pero hasta ahora más desatendidos. Así, se reforzará formación especializada de quienes trabajan con la infancia, se suspenderá el régimen de visitas a los maltratadores, etc. Además se incrementará la prevención del maltrato, y la atención a todos los tipos de violencia contra la mujer, ya que el pacto amplía el concepto de violencia machista.   

Entre las novedades, como el 80% de las afectadas no se atreve a interponer una denuncia, destaca que podrán acceder a los recursos asistenciales sin necesidad de pasar por este trago. Si bien, no se ha eliminado el derecho a no declarar contra sus parejas, lo que impide que muchos procesos sigan adelante.