El Parlamento rumano aprueba una polémica reforma judicial

El Parlamento de Rumanía culminó hoy la aprobación de una polémica reforma judicial por la que se investigará a los magistrados que cometan errores, entre otras medidas, y que cuenta con el rechazo del presidente, Klaus Iohannis, de la oposición y de organizaciones cívicas.

La reforma, que ha generado fuertes protestas desde hace un mes, otorgará al Ministerio de Justicia un mayor control sobre el Consejo Superior de la Magistratura y privará al presidente de la potestad para nombrar a los jefes de las fiscalías.

Para el presidente del Senado, Calin Popescu Tariceanu, los cambios no son suficientes: "Habría deseado una reforma más amplía y más valiente. Se ha hecho el mínimo necesario bajo condiciones de una presión pública que denota poco conocimiento", declaró.

La nueva legislación debe ser promulgada ahora por el jefe de Estado, quien dispone de la potestad de rechazarla, reenviarla al Parlamento y, como última opción, llevarla a referéndum.

Iohannis arremetió ayer contra la reforma al subrayar que "existe un riesgo evidente de que se active el artículo 7 (de los tratados europeos) en el caso de Rumanía, como en el de Polonia, si las leyes de la justicia se adoptan con las actuales modificaciones".

El presidente aludió así a la decisión de ayer de la Comisión Europea de abrir un proceso legal contra Varsovia, activando el conocido como "mecanismo preventivo" del artículo 7 de los tratados, previsto para actuar contra violaciones del Estado de Derecho en los socios.

Los jueces y fiscales rumanos, así como la Unión Europea y los Estados Unidos, han expresado su disconformidad con las modificaciones de la reforma al considerar que reducirán la independencia de los magistrados y restringirán las prerrogativas de la Fiscalía Anticorrupción.