Ir a contenido

PRESTACIÓN CONFLICTIVA

El TC declara inconstitucional el acceso universal valenciano a la sanidad pero la Generalitat dará el servicio

Cinco de los 12 magistrados del tribunal entienden que el decreto debería haber sido avalado constitucional

La Generalitat se agarra a una instrucción previa para mantener la situación actual y buscará otro aval

Ángeles Vázquez / Nacho Herrero

El presidente valenciano presenta la tarjeta sanitaria universal, en el 2015.

El presidente valenciano presenta la tarjeta sanitaria universal, en el 2015.

El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional el decreto ley valenciano que garantizaba el acceso universal a la atención sanitaria, previsto para los extranjeros que no tenían condición de asegurado ni beneficiario del Sistema Nacional de Salud pero habían estado empadronados en la Comunidad Valenciana durante tres meses.

La Generalitat valenciana se mostró completamente en desacuerdo con la sentencia y su president, Ximo Puig, ha anunciado que seguirán atendiendo con los mismos criterios. "Cualquier persona que entre en un centro de salud o en un hospital de la Comunitat Valenciana va a ser atendida y en ningún caso se le va a cobrar ninguna factura sanitaria", ha asegurado.

Ignacio Subias, disputado socialista en el parlamento autonómico, ha lamentado la decisión pero ha avanzado que existe "una instrucción previa" a ese decreto ley que permite seguir atendiendo con esos criterios. "Que se atreva el PP a denunciar esa instrucción mirando a los ojos a esos diecisiete mil pacientes", ha espetado a los populares. Puig ha explicado que están buscando "el instrumento jurídico más oportuno para reforzar el derecho de los ciudadanos a la sanidad universal".

Los otros dos partidos que conforman el 'Pacte del Botànic' se han mostrado igualmente convencidos de seguir adelante.  "Por encima de todo está la salud pública y la sanidad de todas las personas", ha destacado Isaura Navarro, quien ha señalado que Compromís quiere un sistema sanitario "que tenga las puertas abiertas para todo el mundo" sin pensar "de dónde viene o si tiene papeles o no los tiene". "Podrá ser legal o no pero la sentencia es injusta. No podemos dar marcha atrás, tenemos que seguir con la sanidad universal", ha apuntado Daniel Heffner, de Podem.

El pasado mes de junio el Parlament de Catalunya aprobó su ley sanitaria que, como la valenciana, supone esquivar las restricciones de acceso que estableció el Real Decreto 16/2012 del gobierno de Mariano Rajoy y universaliza el acceso. También el País Vasco, Navarra, Baleares, Cantabria y Aragón han reabierto el servicio en los últimos años.

La sentencia cuenta con dos votos particulares. El primero lo suscriben los magistrados a los que se inscribe en el bloque progresista Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido y María Luisa Balaguer y el segundo, Antonio Narváez. Todos ellos consideran que no debió declararse inconstitucional el decreto valenciano. En el caso de Euskadi, el TC tumbó la norma la semana pasada con la misma división interna.

El Gobierno de Mariano Rajoy recurrió la norma valenciana (y otras) al entender que vulnera la competencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo del Sistema Nacional de Salud a los extranjeros no registrados ni autorizados para residir en España.

El diputado popular valenciano José Juan Zaplana ha recordado que desde el principio "dijimos que ese decreto estaba mal hecho, que incumplía las competencias de la Comunitat Valenciana para crear normas" y ha subrayado que quien lo anula es el TC no el PP. "Todo lo que toca (la consellera) Montón lo infecta, lo contagia, es un virus contagioso para la sanidad pública, es un peligro para los ciudadanos", ha dicho.

Puig ha acusado al ejecutivo de utilizar "la vía judicial para defender posicionamientos injustificables" y ha afirmado que dejar fuera a esas personas "es un ejercicio de inhumanidad". También ha criticado su visión "regresiva" de la Constitución y ha advertido de su voluntad "recentralizadora". De hecho, ha apuntado que esta sentencia demuestra la necesidad de una reforma de la carta magna para blindar aspectos como la sanidad universal.

El alto tribunal establece que la normativa básica estatal cierra toda posibilidad a las normas autonómicas de desarrollo para configurar un sistema de acceso a las prestaciones sanitarias diferente al de la ley 16/2003 de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y el decreto valenciano lo ampliaba por lo que ha sido declarado inconstitucional, aunque no sin división interna.