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ATENCIÓN A HOGARES SIN RECURSOS

Cumbre antipobreza energética ante la llegada del frío ártico

Entidades sociales, ayuntamientos e instituciones estudian medidas para proteger a las familias vulnerables

La Agència Catalana del Consum ha evitado casi 39.000 cortes por impago desde el 2015

Teresa Pérez / Toni Sust / Barcelona

Una vecina del barrio Gòtic calienta su domicilio con una estufa.

Una vecina del barrio Gòtic calienta su domicilio con una estufa. / FERRAN NADEU

La Alianza contra la Pobreza Energética  (APE) ha convocado este jueves una macrocumbre para proteger a las familias en riesgo de exclusión ante la llegada del frío ártico que traerá los próximos días heladas generalizadas, nieve en cotas bajas y un descenso pronunciado de las temperaturas. Los 13 ayuntamientos más grandes de Catalunya, las entidades sociales, las asociaciones municipales y el Síndic de Greuges, que asistirán al encuentro, adoptarán medidas para evitar cortes de suministro a los más vulnerables y analizarán la aplicación de la ley 24/2015 contra la pobreza energética. La APE ha tocado a rebato porque con los primeros fríos "comienza un momento delicado y crítico para la gente no puede costear los suministros".

El número de afectados aumenta año tras año, ha asegurado la portavoz de la entidad María Campuzano. Casi el 10% de los hogares catalanes no tienen una temperatura adecuada. Este hecho tiene su origen en el elevado aumento del precio de la energía, que ha subido el 80% desde el 2008; la mala calidad de los edificios y falta de ingresos de los hogares.

Denuncias

La Agència Catalana del Consum (ACC), que depende de la Conselleria d’Empresa, ha evitado desde la entrada en vigor de la norma y hasta el pasado 2 de noviembre, un total de 38.777 cortes de suministro, de los que 32.851 corresponden al año pasado. Desde mediados del 2015 cuando el Parlament de Catalunya aprobó la ley por mayoría, la agencia ha tramitado 244 denuncias por cortes indebidos de suministros y ha impuesto 130 sanciones.

 El importe de las multas no se ha cuantificado debido a que las compañías las presentado recursos. Una de estas sanciones, por valor de 500.000, euros, pendiente aún de un recurso contencioso administrativo, se produjo tras la muerte, hace ahora un año,  de Rosa P. V. la anciana de Reus (Baix Camp) que falleció a consecuencia del incendio producido por la vela con la que se alumbraba, ya que llevaba dos meses con la luz cortada por impago.

La macrorreunión de la Alianza contra  la Pobreza Energética se produce 15 días después de que las entidades sociales reclamaran a las compañías suministradoras que arrimen el hombro en el pago de las facturas de los hogares más necesitados y que ahora costean las oenegés. Por citar solo algunos ejemplos, Cruz Roja ha incrementado en cinco años del 40% al 81% las ayudas para paliar la pobreza energética y Cáritas ha aportado este año más de 80.000 euros. La Conselleria de Afers Socials destinó el año pasado una partida de 5,4 millones al pago de facturas y este año la cantidad prevista asciende a 10 millones de euros. Las ayudas a las necesidades básicas es el punto principal de actuación de la Taula del Tercer Sector, que agrupa a 3.000 entidades. 

Un decreto insuficiente y recurrido

En diciembre del 2013, la Generalitat aprobó un decreto que dictaba que quien acreditara que no tenía recursos suficientes podría aplazar el pago de las facturas sin sufrir cortes de suministro por parte de las eléctricas. Una tregua invernal que pronto se reveló inútil: ¿de qué sirve que puedas dejar de pagar facturas de noviembre a marzo si en abril eres igual de pobre?

A la vista de que el decreto resultaba restrictivo e insuficiente –solo 800 familias se acogieron a la norma, cuando se calculaba que el problema afectaba a entre 100.000 y 300.000 personas-, la Generalitat afirmó que redactaría otro, más amplio. Para entonces ya estaba quedando claro que las suministradoras no tenían mucha intención de poner dinero de su bolsillo. En septiembre, el Govern reunió a las empresas y las entidades sociales con la idea de revisar el decreto. Pero ese mismo día el Gobierno central recurrió contra el decreto y el Tribunal Constitucional lo paralizó.

Lo siguiente fue prever un fondo económico para asumir costes que los usuarios más vulnerables no pudieran afrontar. De nuevo, las empresas no jugaron en la liga de los donantes. En el 2015, de un fondo de cinco millones de euros, solo se gastó el 22% en ayudas. Pasó el tiempo y en pleno proceso soberanista, primó la idea de que no había forma de resolver el problema sin crear un Estado catalán propio, al que se presumía, con escaso fundamento vista la experiencia previa, una mayor sensibilidad social.

La Generalitat se volcó en ese discurso y la alegría explotó cuando, en verano del 2015, se aprobó la ley 24/2015, contra los desahucios y la pobreza energética. La norma obligaba, obliga, a las empresas a no cortar el suministro de un consumidor por impago sin averiguar antes si es una persona sin recursos. El problema es que la Generalitat no llegó a desarrollar el reglamento de la ley, algo a lo que las empresas se aferran para afirmar que no están obligadas. El Gobierno central recurrió la ley 24/2015, pero el TC solo la suspendió en la parte que atañe a la vivienda, no a la pobreza energética, pese a que estos días ERC denuncia que también está suspendida. Durante todos estos años han sido las entidades sociales las que, en buena parte, han dado respuesta al problema y acogida a los afectados.

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