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tráfico de niños

La Eurocámara urge a España a crear una fiscalía para el escándalo de los bebés robados

La comisión de peticiones del Parlamento Europeo reclama que se esclarezca lo ocurrido durante y después del franquismo

Aprueba una quincena de recomendaciones dirigidas al Gobierno y a la Iglesia con medidas para dar respuesta a las víctimas

Silvia Martinez / Bruselas

Protesta de la asociación SOS Bebés Robados ante los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid.

Protesta de la asociación SOS Bebés Robados ante los Juzgados de Plaza de Castilla de Madrid. / EFE

Las primeras denuncias sobre bebés robados en España llegaron al Parlamento Europeo hace casi un lustro. Aunque las competencias europeas son limitadas, el asunto no ha pasado desapercibido y los eurodiputados de la comisión de peticiones de la Eurocámara acaban de aprobar un informe en el que urgen al Gobierno de Mariano Rajoy a tomar medidas para crear una fiscalía especializada y un banco público de ADN que facilite la identificación de posibles víctimas.

"Es un paso importante en el proceso para dar respuesta a los afectados por el escándalo", ha valorado la ponente del informe Jude Kirton-Darling sobre lo ocurrido antes, durante y después de Franco. Esta socialista británica lideró la misión de inspección a Madrid durante la que se reunieron con representantes del Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo, la comisión de justicia del Congreso, la Conferencia Episcopal y con doctores, expertos, periodistas y los propios peticionarios.

El informe, aprobado con 20 votos a favor y 9 en contra, es el resultado de la visita. Un documento que, pese a los intentos del PPE por suavizarlo, incluye una quincena de recomendaciones en las que se insta al Gobierno a "tomar la iniciativa", "investigar qué sucedió" y determinar "quiénes fueron los responsables" para devolver la confianza a las víctimas y arrojar luz sobre este escándalo. La eurodiputada popular Rosa Estarás ha anunciado el voto en contra de las enmiendas de la izquierda que solo pretendían "criticar a las autoridades españolas sin motivo" mientras su grupo se ha desvinculado del texto y emitirá su propio texto.

Una fiscalía más proactiva

El documento pide al Gobierno una investigación "efectiva y eficaz" -sin posibilidad de ninguna amnistía- y la creación de un banco público de ADN a nivel nacional, que permita cruzar datos y ayude a verificar la identidad de las posibles víctimas de secuestro de bebés, con test gratuitos y sin orden previa ni de un juez ni de la fiscalía. Además, reclama una fiscalía especializada, responsable de investigar las denuncias en detalle, el nombramiento de un fiscal especial, una unidad judicial para investigaciones ad hoc, y unificar criterios para evitar que los delitos no sean juzgados por haber prescrito. También recomiendan a la Fiscalía General del Estado ser más proactiva, "actuando de oficio en estos casos" para evitar "que la carga del proceso judicial recaiga sobre las víctimas".

Por último, el Parlamento Europeo pide la creación de una comisión de investigación en el Congreso que aclare si los robos fueron casos aislados o parte de una trama. E insta al Gobierno y a la Iglesia a facilitar el acceso a documentos del registro civil y a los registros de nacimientos de los hospitales, parroquias y congregaciones religiosas. A las autoridades eclesiásticas, además, les pide que reconozcan "su posible implicación en la sustracción de bebés y adopciones ilegales" y que pidan perdón a las posibles víctimas como hizo la Iglesia católica en los casos de adopciones forzadas en el Reino Unido.

Más fondos y un estatuto especial

La batería de recomendaciones del informe, que será remitido al presidente de la Eurocámara, a la Comisión Europea, al Defensor del Pueblo Europeo o la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE, se completa con una petición de más fondos para la oficina de apoyo a las víctimas creada por el Ministerio de Justicia, incluida la asunción del coste derivada de la asistencia psicológica, jurídica, informativa y de la protección social , el reconocimiento bajo un estatuto especial de víctimas tanto de los padres como de los hijos secuestrados –incluida la posibilidad de una compensación estatal- así como la puesta en marcha de campañas de información y concienciación. 

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