Casi 2.500 mujeres denuncian en España acoso sexual laboral

Un total de 2.484 mujeres se han visto afectadas, del 2008 al 2015, por infracciones en materia de acoso sexual laboral en España, lo que supone casi una diaria, según datos de la Inspección de Trabajo, difundidos este lunes en Madrid por la UGT.  Desde el 2008 a 2015, se han impuesto multas por valor de 237.748 euros.

Cristina Antoñanzas, vicesecretaria general de la UGT, ha alertado de que el acoso sexual laboral está "muy invisibilizado", más que la violencia machista y ha añadido que las víctimas "tienen muchas dificultades" para denunciarlo en el ámbito laboral y judicial.  El sindicato ha exigido que se realicen estadísticas oficiales y que el Estado legisle para acabar con esta lacra.

El silencio en torno al "grave problema" del acoso sexual se apuntala porque no existen datos oficiales al respecto, porque las empresas niegan su existencia y porque la mayor parte de las mujeres evita denunciar tanto por miedo a perder el empleo como por las dificultades laborales y judiciales que conlleva hacerlo.

Mujeres universitarias

La UGT ha subrayado que apenas existen datos para conocer la magnitud de este problema en España. "Sabemos que hay muchísimos más casos de los que se denuncian", ha incidido Antoñanzas, quien ha recalcado que es necesario que se elaboren estadísticas oficiales, se prevé que el próximo año Europa pondrá en marcha una encuesta para estudiar esta violencia laboral.

Antoñanzas ha indicado que, según un estudio publicado en el 2014 por la Agencia de la Unión Europea de Derechos Fundamentales, una de cada tres mujeres con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años sufrió acosos; y una de cada cuatro mujeres de entre 30 y 39 años. Además, ha advertido que este tipo de acoso "es más frecuente en las mujeres con titulación universitaria y en grupos profesionales de alta cualificación profesional"

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Protocolos

La vicesecretaria general de UGT ha dicho que es "importantísimo" establecer protocolos de acoso sexual o por razón de sexo en las empresas, gestionados por las comisiones de Igualdad. A su juicio, también hay que "mejorar" la protección social, establecer "la obligatoriedad del registro de los planes de Igualdad y mejorar el acceso y el mantenimiento del empleo de las mujeres víctimas de violencia de género porque "garantiza su independencia económica y le puede permitir iniciar un nuevo proyecto de vida".