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El artículo 155 deja en el aire las oposiciones para maestros

La intervención del Estado ha paralizado proyectos como el decreto de la escuela inclusiva, que prevé contratar a 1.500 profesionales

Las universidades se han quedado también sin interlocutor para seguir con la reforma de financiación en que estaban trabajando

María Jesús Ibáñez

Primer día de clase en la escuela Warner de Santa Coloma de Gramenet, el pasado septiembre..

Primer día de clase en la escuela Warner de Santa Coloma de Gramenet, el pasado septiembre.. / RICARD CUGAT

La convocatoria de oposiciones para cubrir 2.000 plazas docentes, el que iba a ser el primer concurso público realizado en Catalunya en los últimos ocho años en la enseñanza primaria y secundaria, ha quedado en el aire. También está en suspenso, porque no llegó a ser admitido por la Mesa del Parlament, el ambicioso decreto con el que la Generalitat aspiraba a hacer que la escuela catalana sea más inclusiva y que preveía una inversión de 142 millones de euros, entre otras cosas para la contratación de 1.500 profesores y de personal de apoyo en las escuelas. Y toda la normativa que se estaba elaborando sobre segregación, sobre comedores escolares, sobre el nuevo método de evaluación de los alumnos de secundaria y sobre la educación en casa (el conocido como homeschooling). Y los trabajos que había iniciado el Pacte Nacional d'Universitats con el fin de redactar un proyecto de reforma de la financiación de la educación superior.

Todo ha quedado paralizado hasta nueva orden desde que el pasado 27 de octubre se aplicara en Catalunya el artículo 155 de la Constitución, que antepone el pago de los gastos corrientes sobre el impulso a nuevos proyectos. Las oposiciones docentes, que la Conselleria d'Ensenyament se había comprometido a convocar a lo largo de este mes de noviembre -con el propósito de que las pruebas pudieran irse realizando antes del final del curso académico- son ahora mismo las principales damnificadas por la intervención del Estado. Fuentes sindicales aseguran que la tramitación administrativa del concurso sigue adelante, a nivel técnico, "porque las condiciones que van a regir la oposición ya se habían pactado antes", pero explican que en el plano político "todavía no hay un acuerdo".

Al parecer, indican, la Generalitat le ha pedido al Gobierno central que le permita realizar a ella la convocatoria, "porque a fin de cuentas será Ensenyament el que resolverá el proceso que este concluya". Pero el Ministerio de Educación, que es quien tiene en estos momentos la competencia, no ha dado aún su visto bueno a la solicitud. Con todo, la intención de las dos partes, agregan las mismas fuentes, es que la convocatoria se haga pública "a poder ser antes de enero, aunque no se haya constituido todavía el gobierno autonómico".

Pagos puntuales

Salvo por la paralización de los proyectos que estaban en marcha (algunos con años de trabajos a sus espaldas), el sector de la educación no tiene más queja en relación al 155: las clases han seguido con normalidad (el curso ya estaba empezado y no se ha producido ninguna alteración respecto a lo que ya estaba previsto) y los pagos comprometidos con la escuela concertada y con otros proveedores de servicios se van realizando según las rutinas de años anteriores. Las becas de comedor las hacen efectivas los consejos comarcales, que no se han visto afectados por la intervención del Estado.

Algo más amenazadas están quizás las becas de equidad que concede directamente la Generalitat a los estudiantes universitarios en función de su renta familiar. Las ayudas no suelen pagarse a sus beneficiarios hasta el mes de abril (según la experiencia de años pasados) y se supone que en estos momentos las solicitudes se encuentran en una fase de tramitación administrativa que la situación política no debería alterar. "No nos consta que el proceso se haya detenido, pero estaremos muy atentos, ya que estas ayudas las creó la Generalitat precisamente para compensar los recortes que en su momento aplicó el ministerio en las becas generales", apunta un beneficiario.

"El principal impacto que ha tenido el 155 sobre la universidad ha sido el hecho de que esta se haya quedado eventualmente sin un interlocutor político, porque todos los proyectos que estaban en negociación han quedado ahora sobre la mesa", explica Ernest Pons, jefe del gabinete del rector Joan Elias, de la Universitat de Barcelona (UB). Y de esos proyectos, señala Pons, posiblemente el más afectado es el de la reforma de la financiación universitaria, una reivindicación histórica de los rectores que, por fin, parecían haber escuchado en la Conselleria d'Empresa i Coneixement (primer, el conseller Jordi Baiget y luego, Santi Vila). "Existía el compromiso de presentar una propuesta de mejora antes de un año, pero ahora ese plazo seguramente se va a alargar", admite el jefe del gabinete del rector.

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