Los otros sediciosos

El uso del delito de sedición contra colectivos que se enfrentan a las decisiones de la Administración no es nuevo en España, aunque no es frecuente y ha cosechado escaso éxito en los tribunales. En situaciones parecidas a las de los dos ‘Jordis’ y el mayor Trapero y su superintendente se han encontrado presos, deshauciados, concejales y, en el caso más sonado y reciente, más de 600 controladores acusados de haber provocado el caos aéreo del puente de la Constitución del año 2010 con una supuesta ‘huelga salvaje’ que dejó en tierra a 650.000 viajeros. En un solo caso, el de un motín carcelario, se ha dictado sentencia condenatoria confirmada por el Tribunal Supremo.

El 9 de diciembre del 2010, el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, anunció que pediría “penas de hasta ocho años de cárcel por un presunto delito de sedición” a los controladores por haber no haber seguido los “cauces laborales” establecidos y haber abandonado el puesto de trabajo de modo "premeditado, concertado y colectivo, con un grave daño para los ciudadanos y para España”. En su opinión, la situación fue similar al supuesto abandono de un hospital por parte de todos los médicos, dejando tirados a los enfermos.

Pumpido, nombrado por el  expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y en la actualidad miembro del Tribunal Constitucional a propuesta del PSOE, hizo estas declaraciones durante una cumbre con los fiscales de los tribunales superiores autonómicos en la que se pretendía unificar doctrina. El Consejo de Ministros ya había decretado por entonces la militarización de las torres y, por vez primera en España, se decretó el estado de alarma.

Ninguna condena

En los casi siete años trascurridos no solo no ha habido ninguna condena. Algunas fiscalías ni siquieran llegaron a pedir la imputación por sedición. El resultado es que veinte juzgados de toda España han ido archivando las causas, hasta el punto que solo quedan dos procedimientos en pie. El de Palma de Mallorca, donde el juez ya ha dictado la apertura de juicio oral contra 82 profesionales y la de Madrid, en la que están inmersos otros 134, pero que ya no están acusados de sedición, sólo de abandono de servicio.

Las acusaciones sostenían en todos los casos que la tarde del 3 de diciembre los controladores cogieron la baja de forma masiva y fraudulenta para protestar por el decreto aprobado por la mañana por el que el Gobierno ampliaba el número de horas que estos profesionales podían hacer a lo largo del año, dado que muchos ya las habían completado y amenazaban con dejar vacios sus puestos.

Ni Maquiavelo

El magistrado José Antonio Vázquez Taín, célebre por su actuación en el 'caso Asunta', es uno de los que más claramente argumenta el archivo de la causa. Asegura en su resolución que el cierre del espacio aéreo “no se debió a la falta de controladores” sino que fue “una decisión política de quien tenía competencia para ello, AENA”. Este organismo público tomó la decisión a pesar a “contar con varios aeropuertos en pleno funcionamiento” y con el mismo número de controladores que en otros momentos del año con más tráfico aéreo. “Ni el propio Maquiavelo en su magnífico El Príncipe es capaz de imaginar un plan tan barroco para conseguir un fin”, concluye el magistrado en referencia a los controladores.

Después del sobreseimiento de Santiago, vino el de Valencia,  donde el fiscal jefe lo solicitó argumentando“que no consta que hubiera cese del servicio de control aéreo por inactividad de los controladores”. 

Parecidas resoluciones se han ido produciendo también en Burgos, Álava, Cantabria, Asturias, Alicante, Andalucía, Vigo, Reus, Girona. En Sevilla se consideró que no existían indicios de delito al otorgar verosimilitud a los informes médicos aportados a la causa y a lo declarado por los facultativos de AENA que certificaron la existencia de crisis de ansiedad en los controladores debida al decreto aprobado.

Barcelona también

El último juzgado en dictar el sobreseimiento ha sido el de Gavà. Los 44 controladores que trabajaban en el centro de control de está localidad fueron exonerados de cualquier responsabilidad penal en enero del 2015 y, como en la mayoría de los casos, el fiscal ni siquiera presentó recurso.

Los 82 de Mallorca son los que frontan una peor prespectiva. El auto de apertura de juicio oral, aun sin fecha, les acusa de sedición o en su defecto de abandono de servicio y coacciones. Un planteamiento “inaceptable” para el portavoz del sindicato de controladores Usca, Daniel Zamit, que también critica los siete años en que han estado empantanado este procedimiento y el de Madrid.

En la capital de España, donde ya solo se les acusa de abandono de servicio, “han pasado 10 jueces y ahora acaba de cambiar el fiscal jefe otra vez”, lamenta. Tampoco entiende que  la fiscalía, “un órgano sometido a jerarquía,  adopte una postura diferente según el territorio de que se trate”. 

En Madrid figuran como acusados los miembros de la cúpula del sindicato y entre ellos Zamit y también su portavoz entonces, el mediático César Cabo. “Estoy encausado pero aprendes a convivir con ello y sobre todo a no tenerlo presente cuando estas trabajando, pero desde luego no ayuda. El que más y el que menos tiene insomnio y otras dolencias causadas por la espada de Damocles que tenemos sobre la cabeza”, confiesa Zamit.