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Torres-Dulce: "Se necesita una profunda reforma del proceso penal en España"

EFE

El exfiscal general del Estado Eduardo Torres-Dulce cree imprescindible en España una profunda reforma del proceso penal, "tarea injustamente pospuesta", para que el Estado de derecho "pueda asegurar su función de equilibrio de tensiones y conflictos de convivencia para el que fue creado".

Eduardo Torres-Dulce, que ha pronunciado estas palabras en el ciclo de conferencias sobre "la judicialización de la vida política" organizado por la Fundación Ankaria y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, defiende que previamente se modifique la demarcación y la planta de la jurisdicción penal, que considera "obsoleta en su totalidad".

A su juicio esta acción reformadora debería reconsiderar múltiples aspectos como el papel del juez y del fiscal en el periodo de instrucción y el de las partes procesales, especialmente la acción popular.

El exfiscal general ha señalado que esta reforma debe incluir la creación de una Policía Judicial adscrita orgánica y funcionalmente a jueces y fiscales y la redacción de un estatuto procesal del investigado, así como poner punto y final a las filtraciones y terminar con las dilaciones indebidas en el proceso.

Además ha propuesto la elaboración de "un realista y justo estatuto de la mediación", la reducción del valor de la instrucción en favor del juicio, la creación de una doble instancia real y efectiva y mejorar la ejecución de las sentencias, "verdadero agujero negro de cualquier proceso en nuestras jurisdicciones".

No obstante, Torres-Dulce cree que previamente debería acometerse la modificación de la demarcación y planta de la jurisdicción penal que pasaría, a su juicio, por analizar las realidades y necesidades de las plantillas de jueces y fiscales y de sus cuerpos auxiliares e implicaría una dotación presupuestaria acorde.

Asimismo considera necesario un plan integral de tecnología, "gravemente aquejado por la fragmentación de transferencias autonómicas y de amateurismos en sus concepciones y desarrollos", y la realización de un estudio previo de campo "que ofrezca la radiografía real de cómo se comportan los diversos procesos penales en tiempo, resultados, deficiencias y aciertos".

El exfiscal general estima que "las cerca de treinta modificaciones que ha experimentado el Código Penal desde 1995, algunas de ellas muy profundas, han evidenciado desgraciadamente comportamientos erráticos, cuando no equivocados, del legislador, comprometiendo políticas criminales de dudoso y corto alcance".

Para Torres-Dulce algunos de los "vicios" que viene ofreciendo el Código Penal tienen que ver con "redacciones farragosas y confusas de preceptos y tipos penales, escasa proporcionalidad entre conductas y resultados, bienes jurídicos protegidos y penas y excesiva proliferación de tipos delictivos en blanco".