la detección de los abusos

El protocolo antiabusos de Ensenyament se ha activado 14 veces en el último año

María Jesús Ibáñez / Barcelona

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El nuevo protocolo de prevención, detección, notificación, derivación y coordinación de las situaciones de maltrato infantil y adolescente en el ámbito educativo, aprobado en julio del 2016 tras el caso de abusos sexuales en los colegios de los Maristas de Barcelona, se ha activado en un total de 14 ocasiones desde su puesta en vigor, ha informado la Conselleria d'Ensenyament. El documento de tan largo nombre fue aprobado por la Generalitat, después de que el Síndic de Greuges de Catalunya conminara a la Generalitat a ponerse las pilas en materia antiabusos y una vez detectadas graves lagunas en el protocolo anterior, del 2012.

Ensenyament ha advertido de que el hecho de que se hayan abierto 14 investigaciones en escuelas por denuncias de abusos cometidos contra alumnos, "no significa que todas ellas hayan terminado en los tribunales". La 'conselleria' no aporta más detalles sobre dónde han ocurrido estos casos, ni sobre quiénes se han visto implicados en ellos. El único de ellos que ha trascendido a la opinión pública, el de un monitor de actividades deportivas de la escuela de educación especial Taiga de Barcelona, demostró la efectividad del protocolo, ya que de inmediato se buscó a todas las víctimas del presunto pederasta.

La principal novedad del documento actualmente en vigor es que introduce a los profesores y otros trabajadores de centros educativos como posibles autores de delitos de pederastia. Hasta ese momento, los protocolos existentes (el primero, del 2006, y el segundo, del 2012) no lo contemplaban. Al docente se le atribuía únicamente la misión de detectar y, llegado el caso, denunciar si un alumno presentaba indicios de haber sido víctima de abusos, pero no era objeto de vigilancia

Las instrucciones dictadas para las escuelas que estaban vigentes en el 2011, cuando el profesor de educación física Joaquim Benítez fue denunciado por un primer alumno y despedido de los Maristas de Sants-Les Corts, "estaban pensadas para que los profesores detectaran abusos cometidos por las familias, pero en ningún caso para cuando eran los mismos educadores quienes cometían los abusos", admitía en mayo del 2016 la 'consellera' de Afers Socials, Dolors Bassa, que trabajó con Ensenyament en la reforma del documento. 

Por eso, entre otras cosas, cuando Benítez se marchó del colegio de los Maristas, nadie se preocupó por averiguar si existían otras víctimas entre los alumnos del centro. Después de que este diario desvelara el caso y obtuviera la confesión del pederasta, cuatro los exalumnos presentaron denuncia contra él. En el caso del Taiga, el nuevo protocolo se activó de inmediato y permitió detectar en seguida que al menos otros tres menores podían haber sufrido abusos.

En el plano legal, pocos movimientos se han hecho desde que hace año y medio se conociera lo ocurrido en los colegios de los Maristas de Barcelona. La solicitud del grupo de ERC en el Congreso, proponiendo una revisión del Código Penal para ampliar el plazo de prescripción del delito de pederastia, está encallada. La iniciativa se tramitó después de que el 'conseller' de Justícia, Carles Mundó, encargase un informe técnico que aconsejaba elevar ese plazo a 30 años. En la actualidad, los delitos contra la libertad sexual con víctimas menores de edad prescriben a los 10, 15 o 20 años a partir de su comisión, en función de si se trata de un abuso o una agresión sexual (violación).