La renta de ciudadanía ve la luz tras 4 años de negociaciones

La renta garantizada de ciudadanía (RGC) es una realidad en Catalunya a partir de este viernes. Un total de 28.000 personas, beneficiarios de la renta mínima de inserción (RMI) que ahora desaparece, serán los primeros en estrenarla. Pasan automáticamente a percibirla. El resto de colectivos en riesgo de exclusión deberán tramitarla a través del teléfono 900 400 012 o en la web: www.rendagarantida.gencat.cat donde le facilitarán la cita previa para gestionarla.

Este año el importe por beneficiario oscilará entre los 564 y los 1.062 euros, según los miembros de la unidad familiar y en el 2020, fecha en la que la cantidad actual alcanzará el 100% de la renta de suficiencia de Catalunya (IRSC), el subsidio oscilará entre los 664 y los 1.208 euros mensuales.

Los recursos para financiar esta prestación, que inicialmente el Ejecutivo catalán Govern no había previsto, están incluídos en los Presupuestos del 2017 en la dotación para la actual renta mínima de inserción, pero incrementados en 45 millones, hasta los 288 millones, que incluyen también políticas de reinserción laboral. Integran un fondo de cohesión social y de garantía de rentas reconocido a través de una disposición adicional en los Presupuestos de la Generalitat de este año.

La presión al Govern de todos los grupos del Parlament, de asociaciones ciudadanas y la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) respaldada con 120.000 firmas han hecho posible que el subsidio vea la luz tras aprobarlo por unanimidad el pasado julio por el Parlament de Catalunya. Las negociaciones han llevado cuatro años. Esta ayuda ya es una realidad en el País Vasco, Navarra y Baleares, entre otras comunidades autónomas. La Conselleria de Treball, Afers Socials y Familíes, dirigida por Dolors Bassa, prevé que en Catalunya perciban la ayuda unos 68.000 hogares en el año 2020.

Los recursos adicionales con los que se financierá esta prestación surgen de la décima adicional, del 0,5% del producto inerior bruto (PIB) autorizado para las autonomías al 0,6% en el 2017. Esa cantidad supone 200 millones de euros de más. Del total, 45 millones son para esta prestación y los 140 millones restantes fueron para ampliar plantillas de maestros. Fueron dos requisitos que la CUP impuso para apoyar unas cuentas para este año que, de otra forma, no hubieran salido adelante.  

Fiesta popular

Diosdado Toledano, portavoz de la comisión negociadora de esta renta, ha explicado las cuentas. De los 175 millones de euros anuales que se destinaban a la renta mínima de inserción se pasará, según datos de la Generalitat, a más de 500 millones de euros anuales. "La renta garantizada no depende de la disponibilidad presupuestaria, tendrán que aportar los recursos y sacarlos de donde haga falta", señala Toledano. Este negociador cuenta los grandes escollos en las reuniones y cita, en primer lugar, la dificultad para pactar las cuantías con la Administración. Tampoco fue fácil conseguir que permitieran que el subsidio llegara a los colectivos con rentas de trabajo a tiempo parcial y también lograr que el silencio administrativo sea positivo, es decir si la Generalitat no responde, la ayuda está aprobada. La negociación ha sido tan larga que para festejar el logro, los promotores de la ILP han organizado este viernes una fiesta popular en Barcelona.