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VIOLENCIA MACHISTA

Juana Rivas se rinde y entrega a sus hijos a la Guardia Civil

La madre se adelanta a la orden del juez, que pedía que los restituyera a su padre a las 17.00 horas en un punto de encuentro

El progenitor los recoge y probablemente se marchará con ellos a Italia, donde ella deberá pelear por la custodia

Patricia Martín / Madrid

El exmarido de Juana Rivas, Francesco Arcuri, recoge a los hijos de la comandancia de la Guardia Civil. / ATLAS

Juana Rivas tiró este lunes la toalla. El demoledor auto que, para sus intereses, dictó la jueza de instrucción número 2 de Granada, en el que le daba un ultimátum para que restituyera a sus dos hijos, de 3 y 11 años, a su padre italiano, condenado por maltrato, dio un giro a la situación y ha provocado que la vecina de la localidad de Maracena se rindiese y accediese a cumplir las resoluciones judiciales.

Por sorpresa, Rivas dejó este lunes a sus dos hijos a cargo de la policial judicial, en la comandancia de la Guardia Civil de Granada en torno las 11.50 horas. De esta forma se adelantó a la orden de la jueza, que le exigía entregar a los menores en el punto de encuentro familiar de la ciudad andaluza a las 17.00 horas. Con esta actitud, Rivas evitó las decenas de cámaras que desde primera hora estaban apostadas a las puertas de su casa y de la citada institución, protegiendo así la imagen de sus hijos.

El padre, Francisco Arcuri, que llevaba un año y tres meses sin verlos y niega cualquier maltrato, pasó a recogerlos un poco antes de las dos de la tarde y también evitó a los medios, aunque su abogado sí explicó que en un primer momento los niños estaban inquietos, pero que luego se quedaron "tranquilos". Arcuri regresará, con toda probabilidad, con ellos a Italia, según el deseo que ha manifestado en varias ocasiones.

Se cierra así, por el momento, el ‘caso Rivas’, que alcanzó un gran eco mediático y desató una gran ola de solidaridad cuando la madre se atrevió, el pasado 26 de julio, a desobedecer e incumplir la orden de entregar a sus hijos al padre, quien tiene la custodia provisional concedida en Italia, pese a que en el 2009 fue condenado en España por "lesiones en el ámbito familiar". Hasta Mariano Rajoy y la Junta de Andalucía se pusieron del lado de Rivas, si bien a medida que pasaba el tiempo y que la madre seguía desaparecida con sus hijos crecieron las voces que le aconsejaban entregarse para no empeorar su situación judicial.

La detención y busca y captura

De hecho, su desaparición abrió la vía penal y provocó que el 8 de agosto la jueza de instrucción número 2 de Granada ordenara su detención. Pero no fue hasta el 22 de agosto cuando Rivas decidió entregarse, sin desvelar el paradero de sus descendientes, ante el juzgado de guardia. Este la dejó en libertad con cargos pero la encargada de la investigación penal emitió el viernes un auto en el que la acorralaba, puesto que amenazaba a Rivas con adoptar "medidas cautelares", pedía a la Guardia Civil que tomara cartas en el asunto y, lo que dejó más abatido a su entorno, imputaba a sus asesoras y sus familiares por "partícipes" en la sustracción de menores. Todos sus apoyos, incluidas las empleadas del centro municipal de la mujer de Maracena, Francisca Granados y Teresa Sanz, fueron llamados a declarar los próximos miércoles y jueves.

Tras conocer el revés judicial, el padre de Rivas ya admitió que estaban "machacados" porque eran conscientes de que a su hija le iban a "quitar a los niños". Su hija huyó de Italia en el 2016, se refugió en Maracena y presentó una nueva denuncia por malos tratos contra su expareja. Desde entonces, ha intentado paralizar la orden de entrega de los menores por todos los medios pero existen hasta tres resoluciones firmes que la obligaron a restituir a los niños. A la desesperada, la granadina acudió incluso al Tribunal Constitucional que, por dos veces, no la amparó por defectos formales en los requerimientos.

La justicia italiana

De esta forma, Rivas solo tiene ahora un camino claro si quiere lograr la custodia exclusiva de los niños o al menos disminuir el número de tiempo que estos pasen con su padre: plantar batalla en los tribunales italianos. Según explica la presidenta de la asociación de juristas Themis, Amalia Fernández, tras la entrega la justicia española "no tiene competencia" y si Rivas quiere cambiar la situación debe trasladar la denuncia por violencia machista a Italia y solicitar allí lo que considere oportuno para proteger a sus hijos.

Mientras tanto, seguirá siendo investigada en España por sustracción de menores y desobediencia. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) emitió una nota en la que explicaba que la jueza seguirá adelante con las citaciones previstas a la familia y las asesoras, aunque dejaba sin efecto las órdenes a la Guardia Civil. Rivas puede solicitar un atenuante o eximente de estos delitos dado que finalmente ha entregado a los menores "voluntariamente", según destacó el Instituto Armado y consta en la nota del TSJA. En este contexto, la fiscalía presentó este lunes un recurso de apelación contra la decisión del juez de guardia de dejarla en libertad, que tiene que dirimirse en el próximo mes. Por tanto, aún tiene un complejo camino judicial por delante. 

Italia explora la "implicación diaria" en la vida de los hijos de ambos progenitores separados 

La ley italiana sobre custodia de los hijos es del 2006, pero tanto el Ministerio de Justicia como varios tribunales la consideran imperfecta. Aquel año se introdujo la "custodia compartida", que comporta el ejercicio de una responsabilidad conjunta, lo que incluye las decisiones más importantes como la escuela o la sanidad del menor. En el 2014 una modificación del Código Penal estableció que "el hijo tiene el derecho a mantener una relación equilibrada y continuada con cada uno de los padres" y que los jueces deben evaluar "prioritariamente la posibilidad de que los hijos menores sean confiados a ambos progenitores".

Hasta la nueva ley el 80,7% de las custodias habían sido confiadas a la madre, pero ya a partir del año siguiente la custodia compartida fue asumida por el 72,1% de las sentencias, que en el 2015 (último año analizado) alcanzó el 89% de los casos.

La ley y el código han generado varios problemas, como el de la residencia del menor y en consecuencia quién y en qué medida paga la pensión. En la mayoría de las sentencias los jueces deciden desde entonces dónde vivirán los hijos y contextualmente el ritmo y modalidades para asegurar la presencia del otro progenitor. La pareja puede acordar que la pensión la pague el padre o la madre con el que no residen los hijos, de otro modo "prevalece el derecho del progenitor" que los tiene en su casa.

Analizando los datos del 2015, el Instituto Nacional de Estadística (ISTAT) observa que los jueces no han usado los aspectos discrecionales de la ley, lo que ha producido que, mientras se esperaba una disminución de la custodia en el domicilio de la madre, en realidad han pasado del 57,4% (2005) al 60% (2015). Por el contrario, el pago de la pensión se mantiene estable a cargo del padre (94%).

Varios tribunales, entre ellos los de Bari y Salerno, en el sur, han emitido sentencias (2017) que van más allá de la ley. Con ellas "imponen" custodias compartidas que comportan  una "implicación diaria" de ambos padres en el crecimiento y educación de los hijos. Esto ha conllevado que dichos tribunales consideren y pidan al legislador que la "residencia" de los hijos tenga solo efectos para el Registro Civil, pero no para la custodia. De ahí, en cascada, surge que el juez no deba computar el tiempo que los hijos transcurrirán con cada uno de los padres o que la pensión deba ser negociada entre la pareja con criterios distintos a los de "están conmigo o contigo", sino "en proporción a los recursos de cada uno". ROSSEND DOMÈNECH