Fomento ordena a la abogacía del Estado iniciar el laudo de El Prat

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha anunciado este domingo, tras conocer el nuevo rechazo de los vigilantes de El Prat a la subida salarial propuesta, que ha ordenado ya a la abogacía del Estado que ponga en marcha el nombramiento del árbitro que deberá dictar el laudo obligatorio. Una decisión que vinculará a todas las partes  y podría imponer a los trabajadores una condiciones laborales menos favorables que las sometidas a votación.

Desde Santander, donde ha pasado el fin de semana, De la Serna ha explicado que tras los dos fracasos de la negociación, la protagonizada por la empresa y los trabajadores, y posteriormente la de ambos con la Generalitat, el conflicto “entra de modo natural en una tercera fase" en la que le corresponde al Gobierno promover un laudo obligatorio.

Aunque ha asegurado que el proceso se “acelerará” todo lo posible, no ha podido esconder que los trámites son de todo menos rápidos. Tras el informe previo de la Abogacía del Estado, la cuestión pasará a manos del Ministerio de Empleo, que primero deberá dar unos días a la empresa y a los trabajadores para que se pongan de acuerdo en el nombre del árbitro. Si esto no es posible, será el Gobierno el encargado de hacerlo. Una vez nombrado por el Consejo de Ministros, “el árbitro dispondrá de unos días más” para llevar a cabo su dictamen. De la Serna ha asegurado que el Gobierno apostará por "una persona que tenga prestigio y actúe de forma independiente".

Más Guardia Civil

En cualquier caso, será díficil lograr un desenlace antes de dos semanas, durante la cuáles la Guardia Civil reforzará su presencia "en la medida que haga falta para evitar las colas" y que estas "creen un problema de orden público y de seguridad", según el ministro. Los primeros agentes se incorporarán este mismo lunes, coincidiendo con la convocatoria de huelga indefinida de 24 horas.  

Tras lamentar el rechazo a una propuesta "razonable", el ministro ha criticado la "postura muy inmovilista" del comité de huelga de Eulen. "No estoy dispuesto a que "la decisión de unos pocos, 150, afecte a millones de españoles y turistas que utilizan estos días el Aeropuerto del Prat", ha advertido  

Normativa franquista

Antes de que Serna efectuara estas declaraciones, el abogado del comité de huelga, Leopoldo García Quinteiro, ha sostenido que "no se dan las condiciones" para un arbitraje obligatorio "mientras no se quiebren los servicios mínimos", fijados en un 90 %, que ha calificado de "abusivo".

En opinión del abogado, este arbitraje obligatorio se impondría en virtud de "una ley franquista" cuyo "vigor ha quedado claramente desautorizado por las sentencias del Tribunal Constitucional".

Además, ha advertido de que pretender "sustituir" a los trabajadores en huelga por agentes de la Guardia Civil "sería absolutamente ilegal" y ha negado que existan problemas de seguridad aeroportuaria.