Ocupaciones contra el 'mobbing' inmobiliario

Por lo menos ya ha sucedido en tres edificios de Barcelona y todo apunta a que el fenómeno proliferará en los próximos meses: inquilinos legales que intentan defender sus viviendas de la voracidad de los fondos inmobiliarios y que acaban conviviendo con familias que no tienen donde vivir y ocupan los pisos de los que ya han echado a sus antiguos residentes .

De entrada, se diría que no fue una estrategia: sencillamente, personas sin vivienda ocuparon algunos pisos en la calle de Leiva, 37, donde convivieron con inquilinos legales que denunciaban que un fondo de inversión les quería fuera para encontrar nuevos vecinos que pagaran más. Este caso tuvo final feliz: el ayuntamiento ejerció su derecho de retracto y compró el inmueble. Una solución que el consistorio ya ha advertido que no podrá aplicar en muchos casos.

Fue en Aragó, 477, donde otro fondo de inversión planea sobre los inquilinos, donde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) anunció que estrenaba un nuevo modelo: allí realojó a seis familias que se sumaron al intento de los inquilinos que ya vivían allí para frenar su expulsión. En un comunicado, la PAH lo explicó así: “Presentamos un nuevo ejemplo de solidaridad y lucha”.

El tercer caso

Entença, 151, el edificio del que este martes fueron desalojados cuatro pisos sin orden judicial, es, de esta forma, por lo menos el tercer ejemplo de esta nueva realidad en la que conviven inquilinos y ocupas.

Hace meses que los inquilinos de Entença, 151 empezaron a recibir avisos legales de que no verían renovado su contrato y de que se tenían que ir. De 12 pisos y dos locales, ocho siguen habitados por los residentes legales y los otro cuatro fueron ocupados por personas realojadas en una acción del Grup d’Habitatge de Sants aplaudida por los vecinos que ya estaban.

Junto a la Modelo

Este miércoles, unos y otros, inquilinos y ocupantes, han comparecido ante el edificio para denunciar la actuación de los Mossos, a los que acusan de desahuciar a los ocupas partiendo de que la denuncia de la propiedad de que llevaban horas y no había nadie instalado en los pisos era cierta, lo que niegan. Denuncian que los Mossos ampararon a fornidos acompañantes del administrador para entrar en el inmueble y desalojar los cuatro pisos ocupados, rompiendo puertas a golpes. Una mujer y un hombre han presentado denuncia contra los Mossos por lesiones sufridas durante el desalojo.

El interés inmobiliario por el edificio va asociado al cierre de la cárcel Modelo, situada a unos metros, que provoca una revalorización de los pisos de la zona y amenaza con expulsar a vecinos, al más puro estilo de Sant Antoni. Porque los inquilinos de Entença, 151 han empezado a buscar piso cerca del edificio, para no cambiar de barrio: hay varios niños escolarizados que residen en el inmueble. Cuando han visto los alquileres que les pedían se han dado cuenta de que les resultan inalcanzables.

“Yo quiero morir mordiendo”

En el edificio se concentran ahora casi todas las casuísticas de los males que están acechando la ciudad en lo que a vivienda se refiere: el vecino que no puede renovar el alquiler, porque no le dejan; el que tiene contrato indefinido y aunque esté legalmente protegido teme ser víctima del ‘mobbing’ inmobiliario, el que ocupa una vivienda a la desesperada.

Poco antes de la comparecencia, en uno de los dos locales, Teresa, un nombre supuesto, explicaba su caso en voz baja y con una sonrisa triste: "Hace 15 años subrogué el contrato de mi tía". Aunque en teoría le quedan cuatro años, se ve en la calle: “Quiero morir mordiendo. Media Barcelona está temblando por miedo a que le pase lo que a nosotros”.

Teresa dice que los ocupas desalojados llevaban una semana en los pisos. Y una de las ocupas, María, otro nombre supuesto, de 68 años, lo confirma. De los cuatro pisos desalojados, tres estaban vacíos cuando llegaron los agentes, pero ella sí estaba en el 1º 1ª: “Subieron los Mossos y me dijeron que saliera. No me acordé de que tenía que pedirles la orden judicial”. La dejaron subir a coger algunas de sus cosas y se fue a dormir a casa de su hermana.

Cuando me quede solo

Juan es el inquilino con contrato indefinido. Lleva 36 años en la finca y paga 335 euros al mes. “A mí no me han dicho nada. Cuando me quede solo me van a hacer la vida imposible”. Cuenta el hombre que cuando vio a los mossos y al personal que acompañaba al administrador les gritó que allí vivía un niño de 7 años y que iban contra los derechos humanos: “Se rieron de mí”.

El niño de 7 años es el hijo de Sandra, que salió con él poco más de media hora y ya no pudo volver al piso que habían ocupado. De todas formas, no tenían muchas pertenencias que ir a buscar. Están todas en la habitación de alquiler que tuvo que dejar hace un tiempo por impago: hasta que no abone lo que debe, no podrá recuperar sus cosas. “Sé que encontraré trabajo, pero ahora tengo que encontrar una vivienda”.

No lo tendrá fácil. A Luisa (otro nombre supuesto, los vecinos tienen miedo), vecina del 5º 1ª, le dieron hasta el 1 de agosto para irse. “Estoy buscando pero con el cierre de la Modelo, por aquí se han disparado los precios”. Por lo pronto, sigue pagando el alquiler: 400 euros por 31 metros cuadrados: “He pagado por transferencia. No me la han rechazado”, dice expectante.

Otra inquilina legal relata que habiendo recibido ya el burofax que la insta a dejar su casa, está pagando por giro postal, otra de las fórmulas para sortear la primera de las prácticas que se conocen históricamente en el ejercicio del ‘mobbing’ inmobiliario: no cobrar alquileres para poder desalojar a sus titulares.