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CORRUPCIÓN.CAT

La Audiencia de Barcelona condena al empresario que denunció el 'caso Adigsa'

Juan Antonio Salguero fue el único acusado que no aceptó el acuerdo de la fiscalía

La mayoría de investigados reconocieron la existencia de comisiones ilegales

J. G. Albalat

El constructor José Antonio Salguero, en el banquillo junto a otros imputados.

El constructor José Antonio Salguero, en el banquillo junto a otros imputados. / JULIO CARBÓ

La Audiencia de Barcelona ha condenado a casi dos años de prisión, inhabilitación y multa al empresario Juan Antonio Salguero, que en el 2005 admitió haber pagado comisiones para que la empresa de vivienda pública de la Generalitat Adigsa le adjudicara proyectos de obras. Este es el único de los siete acusados, entre ellos altos cargos de la sociedad que gestiona la vivienda pública, que no aceptó el pacto de la fiscalía.

La mayoría de los investigados, tras reconocer los hechos, se conformaron con penas que suman de dos a cuatro años de cárcel. El tribunal de la Sección 22 ha ratificado ahora estas penas. La propuesta de la fiscalía es que, a pesar de que algunas condenas suponen el ingreso en la cárcel, esto no ocurra, al aplicarse la última reforma del Código Penal que permite individualizarlas a la hora de suspender su ejecución. 

Salguero ha sido condenado como cooperador necesario de los delitos de prevaricación, malversación de caudales y falsedad en documento oficial por pagar comisiones para hacerse con adjudicaciones de proyectos de reforma de viviendas gestionadas por Adigsa. La investigación de este caso la inició en el 2005 la Fiscalía de Barcelona a raíz de la insinuación del expresidente catalán Pasqual Maragall en el Parlament de que CiU cobraba comisiones del 3%.

Expedientes a medida

La sentencia recoge la tesis de la fiscalía de que el exconsejero delegado, Josep Antoni Fondevila, "impuso en la estructura de Adigsa la extraña intervención de una persona ajena a la misma", el también acusado José Maria Penin (los dos pertenecían a CDC), al que se presentó con un supuesto técnico externo y lo insertó "abritrariamente" en el proceso de tasación de obras de rehabilitación de pisos. E incide en que se "fabricaron" expedientes de adjudicación a medida, "dilapidando fondos públicos".