22 sep 2020

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MALENTENDIDOS EN LOS JUZGADOS

Interpretación libre

Muchos intérpretes judiciales omiten sistemáticamente información y se extralimitan con consejos y opiniones.

Los expertos reclaman una formación específica y que se impulse un sistema de acreditacion oficial

Michele Catanzaro

Un juicio en la Audiencia de Barcelona.

Un juicio en la Audiencia de Barcelona. / DANNY CAMINAL

Estamos en un juzgado penal de Barcelona, en el 2015. Un juez informa a un acusado extranjero de que el fiscal le pide 10 meses de prisión, que se pueden sustituir por una multa. El intérprete presente en la vista le dice al acusado que le piden 10 meses, que se pueden sustituir… “por cinco meses de prisión”.

De traducciones sin pies ni cabeza como esta (que pudo comprometer el resultado del juicio) están trufadas las 55 vistas con intérpretes analizadas por investigadoras de la Universitat Autònoma de Barcelona, para averiguar la calidad de la interpretación en los tribunales.

En un caso, el juez informa al acusado de que tendrá que “pagar 200 euros, si sale condenado”, y le pregunta si reconoce los hechos. El intérprete pregunta si acepta los cargos y olvida citar el pago.

Durante otra vista, un juez que quiere averiguar si una acusada es una prostituta le dice que “cualquier forma de trabajo es una forma de obtener ingreso”. El intérprete se extralimita, acompañando la traducción con un arbitrario “no hay problema, puedes decírselo”.

En unos juicios se produjo un desajuste entre la lengua del acusado y la del intérprete. Un intérprete egipcio no se entendió con un acusado marroquí, porque hablaban distintos dialectos del árabe. Un senegalés pronunció una frase en francés que el intérprete no supo entender, porque el dominio de esa lengua franca no es tan alto en Senegal como se suele pensar.

SOLUCIONES

“Para los intérpretes, hace falta una formación específica, conocimiento del código deontológico y establecer una acreditación”, opina Mariana Orozco, una de las autoras de la investigación. A la espera de esta solución, las investigadoras han creado una plataforma que puede ayudar a evitar los errores más graves.

La web presenta dos decálogos, para intérpretes y operadores judiciales. A los primeros, se les aconseja traducirlo todo, evitar comentarios personales, y algunos trucos prácticos como solicitar aclaraciones, repeticiones y pausas, emplear el estilo directo (no “el juez pregunta si reconoces los cargos” sino “¿reconoces los cargos?”), mantener el registro estilístico del juez (si el juez dice “residencia legal”, no traducir “papeles”), y emplear términos exactos (“sentencia firme” no es “firm sentence” en inglés, sino “final non-appealable sentence”).

A los jueces, fiscales y abogados se les pide que hablen lentamente, no se solapen y presenten al intérprete antes de empezar la vista. También sugieren que proporcionen información previa al intérprete para que se prepare, que presten atención al idioma o dialecto en el cual se expresa mejor el acusado, y que soliciten que el intérprete lleve un micrófono de solapa, para grabarle cuando susurra.

BASE DE DATOS ÚNICA

Estos consejos salen directamente del análisis de las grabaciones de las 55 vistas (desde el 2009, el vídeo ha reemplazado la acta escrita en España). De ellas, las expertas sacaron el mayor conjunto de transcripciones anotadas de juicios reales disponible en el mundo.

Eso quiere decir que los investigadores obtuvieron por primera vez en España el acceso a las grabaciones, las transcribieron y apuntaron todas las incidencias, anomalías y errores que aparecen en ellas. Se necesitaron 50 minutos de trabajo por cada minuto de grabación.  

La muestra es significativa, ya que representa juicios celebradas en 10 juzgados penales de los 24 que celebran vistas en Barcelona. En 51 de las 55 vistas, la persona necesitada de traducción era el acusado, mientras en las otras era un testigo u otra persona.

El trabajo es parte de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad y llevado a cabo con la colaboración investigadores de las universidades Jaume I, Pompeu Fabra y Pablo Olavide.