Calvo está en excedencia de una fundación a la que adjudica centros de menores

La Conselleria d'Afers Socials ha señalado que retirará las concesiones para gestionar centros de menores tutelados por la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) si se detectan irregularidades en el proceso de adjudicación de estas residencias. Y es que la CUP ha denunciado ante la Oficina Antifrau un posible “conflicto de intereses” del responsable de la DGAIA, Ricard Calvo, por su vinculación profesional con fundaciones en las que había tenido “cargos de responsabilidad”.

Calvo, según ha denunciado y ha demostrado a este diario la Confederació General del Treball (CGT), está actualmente en excedencia en FASI (Fundación de Acción Social Infancia), que forma parte del gran entramado de empresas de Plataforma Educativa, a la cual se le adjudica la gestión de centros. Robert Morral, portavoz de Acción Social de CGT, ha criticado que aunque este trámite laboral sea legal "no es ético".

Además de la petición de la CUP a la Oficina Antifrau para que abra una investigación, el Protectorado de Fundaciones de la Generalitat también había iniciado un expediente informativo a FASI para clarificar el proceso de adjudicaciones.

GOTEO

El sindicato ha denunciado el goteo de adjudicaciones a empresas de la órbita de Plataforma Educativa. La última, por valor de cinco millones de euros en ocho años, tiene fecha de 13 de junio y se hizo a Resilis. La CGT ya alertó a principios de junio de que en la actual legislatura se han adjudicado contratos por valor de 98 millones de euros por ocho años a entidades con las que aseguraban que Calvo tenía vinculación. Entre las dos cantidades suman 103 millones. 

Morral ha indicado que "antes de que la adjudicación de estos contratos fuese definitiva, a la gente que se interesaba por trabajar en el centro ya le confirmaban que lo gestionaba la fundación privada Resilis".

Debido a estas irregularidades, la CUP pidió la dimisión de Calvo y Catalunya Sí Que Es Pot reclamó la comparecencia de la 'consellera' de Treball, Afers Socials Famìlies, Dolors Bassa, para que dé explicaciones. Bassa ha defendido a capa y espada la gestión del director general y ha criticado "la fuerte beligerancia en pedir su dimisión". Esta responsable ha insistido en que todas las adjudicaciones han seguido procedimientos transparentes.

Fuentes del departamento han añadido que la excedencia es un procedimiento al que tienen derecho los cargos públicos y que Calvo no se reincorporaría a FASI cuando deje la DGAIA si esa reincorporación fuera incompatible con haber ocupado este cargo público. 

El sindicato ha mostrado su rechazo a estas relaciones de Calvo "entre la empresa privada y el sector público" porque esta "grave relación de puertas giratorias no es una cuestión jurídica, es una cuestión política que deja entrever las perversiones de un sistema que hace negocio con el sector más débil de la sociedad".