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La universidad semigratuita andaluza plantea dudas sobre su equidad

Los expertos alertan del riesgo de que la medida sea universal, "una tarifa plana igual para todos"

El modelo de becas compensatorias catalán parece más justo, aunque debería mejorarse

Un estudiante en el campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Un estudiante en el campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). / FERRAN NADEU

La bonificación del 99% de las matrículas universitarias que recibirán los estudiantes andaluces que aprueben todas las asignaturas ha sido celebrada, en líneas generales, por la comunidad universitaria catalana, aunque, según algunos expertos, tiene un problema de falta de equidad. "Al ser una medida lineal, no progresiva, una especie de tarifa plana para todos, pueden terminar pagando justos por pecadores", advierte Manel Pulido, responsable de Educación en el sindicato CCOO en Catalunya.

"Al final, puede ocurrir que, con esta propuesta de financiación, los alumnos ricos, que podrán dedicarse a estudiar a tiempo completo y, por tanto, tendrán más posibilidades de aprobar a la primera, obtengan una matrícula gratuita para el curso siguiente", constata José García Montalvo, catedrático de Economía en la Universitat Pompeu Fabra y autor de un informe sobre el impacto del sistema de becas de equidad de la Generalitat. En cambio, prosigue García Montalvo, "los hijos de las familias más vulnerables, que tienen que trabajar y que se encuentran con que tienen más riesgo de suspender, sí van a tener que pagar la matrícula", agrega.

"EN LA DIRECCIÓN CORRECTA"

En términos similares se pronuncia el sindicalista Pulido, que, si bien considera que "la prioridad de todo gobierno debería ser la gratuidad para todos los alumnos universitarios" y elogia "la medida propuesta por Andalucía porque va en la dirección correcta", considera que el modelo planteado por la Junta de Andalucía debería incorporar mecanismos para "defender a los hijos de las clases trabajadoras, que siempre tienen más complicado el acceso a la universidad".

Para Ernest Pons, jefe de gabinete del equipo de gobierno de la Universitat de Barcelona (UB), la duda que se plantea es "si el Gobierno andaluz quiere realmente que todos los estudiantes tengan las mismas oportunidades". "Hay estudios, como el que elaboraron el año pasado la Xarxa Universitària Vives y la fundación Jaume Bofill, que ponen de manifiesto que a un alumno con pocos recursos económicos no hay suficiente con pagarle la matrícula", señala Pons, que es también profesor de Economía Aplicada en la UB.

Estos estudiantes, cuyas familias quizás sí pueden pagar la matrícula, pero que no les llega para pagar otros gastos de transporte, manutención y costes de la vida. "A estos hay que añadir, además, los llamados costes de oportunidad, es decir el dinero que dejan de ingresar las familias que, en lugar de poner a su hijo a trabajar, lo mandan a la universidad", señala Pons.

EL MODELO CATALÁN

"Quizás la principal diferencia entre lo que se propone en Andalucía y la situación en Catalunya es que allí la universidad es una prioridad y aquí la Generalitat no ha tenido ningún detalle, ni ha dado ningún paso adelante por la universidad", reflexiona Margarita Arboix, rectora de la Universitat Autònoma de Catalunya (UAB). "Ni siquiera ha aplicado este 2017 la rebaja del 30% en las tasas universitarias que aprobó el Parlament", lamenta Arboix. 

Mientras tanto, los estudiantes catalanes siguen pagando las tasas más caras de España y los responsables de las universidades públicas claman por la precariedad de recursos públicos que reciben. "A las universidades andaluzas, por ejemplo, el gobierno autonómico sí les cubre los gastos de personal, algo que en Catalunya no ocurre", añade Enric Fossas, rector de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

La propuesta de crear una bonificación universal en el pago de matrículas sigue una senda iniciada en Catalunya en el 2012. "Desde la implantación de las becas de equidad, hay un grupo de entre 15.000 y 20.000 estudiantes con rentas bajas, pero que se quedan sin la beca general del Ministerio de Educación, que obtienen una bonificación en el precio de la matrícula según sus ingresos familiares", recuerda Jordi Mas, director ejecutivo de la Agencia de Gestión de Ayudas Universitarias y de Investigación (AGAUR). La medida planteada por el gobierno de Susana Díaz habla de unos 30.000 beneficiarios.

UN SISTEMA QUE SE QUEDA CORTO

"El problema del sistema catalán es que, a pesar de ser bueno sobre el papel, se queda corto", lamenta el portavoz de la UB, Ernest Pons. "Son ayudas más bien para pobretones, que deberían corregir los umbrales de ingresos", clama la rectora Arboix. "Es un modelo frágil, porque se basa en las declaraciones de la renta de las familias, con la poca fiabilidad que estas tienen", apostilla el rector Fossas.

García Montalvo, sin embargo, sigue defendiendo que el sistema catalán de bonificaciones "no ha cerrado el acceso de los estudiantes a la educación superior, ni los ha expulsado de la universidad". Y agrega que, a diferencia de la propuesta presentada por Díaz, "el modelo de becas de equidad de Catalunya no es una medida populista, adoptada por una política que necesita recuperar brío en su comunidad después de haber recibido un varapalo".

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