Nuevo juicio a expresidente Invercaria por una ayuda a marca Lolita Canalla

El juzgado de instrucción 16 de Sevilla ha acordado la apertura de juicio oral contra el expresidente de Invercaria Tomás Pérez Sauquillo por la ayuda de 100.000 euros concedida en 2009 a la marca Lolita Canalla, por la que también serán enjuiciados la responsable de la empresa y el jefe de publicidad.

En un auto difundido hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al que ha tenido acceso Efe, el juez Juan Gutiérrez Casillas requiere a los encausados para que presten una fianza de 100.000 euros con el fin de asegurar las responsabilidades que se les pudieran imponer.

Tras la investigación de los hechos, el juez considera que hay indicios de que los tres encausados cometieron un delito de prevaricación, en concurso con un delito de malversación de caudales públicos, en el préstamo concedido por la sociedad pública de capital riesgo de la Junta de Andalucía a la empresa de ropa, con sede en Tarifa (Cádiz).

En este caso, la Fiscalía Anticorrupción pide para el expresidente de Invercaria seis años de prisión, con lo que acumula cuatro peticiones de cárcel que suman 26 años por varias ayudas concedidas.

Además, la Fiscalía solicita para la administradora de Lolita Canalla, María Malo, dos años y medio de cárcel y once años de inhabilitación, la misma pena que para el jefe de publicidad y responsable de las gestiones de la empresa con Invercaria, Ignacio Jarillo, cuya amistad y vecindad con Sauquillo fue fundamental para conceder la ayuda, según la acusación pública.

La Fiscalía pide que los tres acusados indemnicen de forma conjunta y solidaria con 100.000 euros a la empresa pública Idea, que pagaba las ayudas.

En esta pieza del caso Invercaria, el juez y la Fiscalía consideran que el préstamo participativo se concedió por la mala situación económica en la que estaba la empresa, pero sin una propuesta de inversión ni un informe que lo avalara.

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Además, afirman que los técnicos de Invercaria desaconsejaron la inversión en la empresa textil porque no se ajustaba a las compañías a las que ayudaba la sociedad pública de capital riesgo.

El préstamo participativo de 100.000 euros se le concedió a pesar de que la empresa no había devuelto los 240.000 euros que le otorgó la agencia pública Idea, según la Fiscalía.