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SEGÚN EL INSTITUT CERDÀ

Más de 87.000 familias ocupan viviendas ilegalmente en España

La mayoría no son conflictivas y no generan problemas de convivencia

Bloque de la Ciutat de la Justícia con pisos ocupados, en primer plano. 

Bloque de la Ciutat de la Justícia con pisos ocupados, en primer plano.  / FERRAN NADEU

Más de 87.000 familias -unas 270.000 personasocupan viviendas de manera ilegal en España, según el estudio 'La ocupación ilegal: realidad social, urbana y económica', elaborado por el Institut Cerdà, que considera que los inmuebles con pisos ocupados pierden entre un 40 y un 60% de su valor.

El estudio, presentado este jueves en el marco de la jornada 'Ocupación de viviendas. Un reto en la agenda pública', organizada, entre otros, por la Diputación de Barcelona, ha concluido que la mayoría de ocupaciones no son "conflictivas", y que las que sí lo son oscilan entre el 10% y el 25% del total.

"El desarrollo de la ocupación ilegal se explica por el incremento de la pobreza, la escasez de un parque de vivienda social y la existencia de un parque vacío de viviendas", además de "una legislación ineficaz y procedimientos administrativos muy lentos", según las conclusiones del estudio.

El Institut Cerdà ha estimado que la mayoría de ocupaciones son "no conflictivas", es decir, que no generan problemas de convivencia, y de personas "vulnerables", aunque destaca que también hay un grueso de ocupaciones que realizan personas que no están en situación de vulnerabilidad, aunque no aporta datos concretos.

LUZ PINCHADA

Entre el 40% y el 60% de las viviendas ocupadas ilegalmente realizan conexiones fraudulentas para conseguir los suministros básicos como la electricidad, y la mayoría de edificios o pisos son "antiguos, inacabados o sin cédula de habitabilidad", porque este tipo de viviendas son más accesibles.

Entre el 40% y el 60% de las viviendas ocupadas ilegalmente realizan conexiones fraudulentas para conseguir suministros básicos

El estudio pone de relieve que las consecuencias de las ocupaciones ilegales son negativas para las familias, puesto que suponen vivir en condiciones de más insalubridad y estrés, pero también para las comunidades de vecinos, sobre todo si son ocupaciones "conflictivas", puesto que "incrementa la inseguridad" y "las molestias".

Según los cálculos del instituto, las ocupaciones también conllevan costes adicionales para las administraciones y una pérdida de valor de los inmuebles estimada entre un 40% y un 60%.

EL CASO EN BARCELONA

El trabajo del Institut Cerdà muestra que el distrito barcelonés de Nou Barris tiene el 35 % de sus viviendas vacías ocupadas, siendo así el distrito con más porcentaje; seguido de Sant Andreu, algo por encima del 15 %; Sants-Montjuïc, con cerca del 12 %, y Ciutat Vella, también entre el 10 % y el 12 %.

El estudio resalta que las necesidades de vivienda social en Catalunya son de 230.000 unidades

En cambio, Sarrià-Sant Gervasi es el distrito con menos viviendas vacías ocupadas, entre un 0 y 1 %, una cifra similar a Les Corts o Gràcia, que también oscilan entre el 1 y el 3%.

El estudio resalta que las necesidades de vivienda social en Catalunya son de 230.000 unidades, una cifra muy por debajo del parque de alquiler social catalán y español, ya que hoy en día supone cerca de un 2,5% de la vivienda total, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en un 15%.

HOGARES SIN INGRESOS

El informe subraya que los hogares sin ningún tipo de ingresos se han incrementado en un 76% desde el 2007, y actualmente en España hay 630.000 familias en esta condición de pobreza severa, una cifra que ha remitido desde el 2013, cuando se alcanzaron los 773.000. Los desahucios también han aumentado, y el estudio estima que se han multiplicado por 2,25 desde el 2008.

Estas cifras de contexto son, según el Institut Cerdà, causantes del aumento de las ocupaciones ilegales, que también ha recordado en sus conclusiones que, aunque este método fuera de la ley "haya podido ser una vía transitoria para el acceso a la vivienda en situaciones de emergencia social, no es la solución ni para la persona ni para la comunidad". 

Un grave problema sin solución

Amnistía Internacional (AI) ha denunciado que la crisis de la vivienda persisten en España 10 años después del inicio de la recesión económica porque las autoridades han dado “pasos hacia atrás” en lugar de proteger a miles de personas afectadas por esta situación, sobre todo mujeres que encabezan hogares monomarentales y víctimas de violencia de género.

Así lo recoge en su informe ‘La crisis de la vivienda no ha terminado. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España’, que ha sido presentado por Eva Suárez-Llanos, directora adjunta de la ONG, y Koldo Casla, autor del informe.

El estudio señala que España sólo tiene un 2,5% de viviendas sociales, frente a un 32% de Países Bajos, un 20% de Austria, un 18% del Reino Unido y un 17% de Francia, y es el país donde el gasto personal en el hogar se ha incrementado más en la UE, al pasar de un 17,4% en 2005 a un 23% en 2015.

Además, subraya que España es uno de los países de la UE que menos gasto público emplea en vivienda (un 0,5%, en comparación con un 1,44% de Francia o un 0,61% de Eslovaquia) y que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017 reduce la partida dedicada a acceso a la vivienda y fomento de la edificación a 466 millones, un 20,6% menos en comparación con 2016.

El informe apunta que las provincias de Barcelona y Madrid acumulan un 34% del total de desahucios en 2016, con 6.710 y 4.760 desalojos por impago de alquiler, respectivamente.