El informe del MIT: la última palabra sobre el almacén de gas Castor

El Ministerio de Energía, en compañía de especialistas del Massachusetts Institute of Technology (MIT) y de la empresa Enagás, la actual gestora, presentan este miércoles las conclusiones de los estudios técnicos encargados a la institución estadounidense sobre la viabilidad futura del almacén de gas CastorCastor, situado a unos 20 kilómetros de las costas de Vinaròs (Castellón).

Este trabajo, el tercero en la misma línea tras los elaborados previamente por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN), supondrá la base sobre la que el Gobierno adoptará la decisión definitiva sobre la instalación.

El Castor entró en hibernación preventiva hace cuatro años tras los terremotos que se produjeron en la zona durante los trabajos previos para que el almacén submarino pudiera empezar a recibir combustible. Como consecuencia, el Ejecutivo asumió una compensación de 1.350 millones de euros a la promotora, Escal UGS, participada por ACS, que acabarán pagando los contribuyentes -el sistema gasista- durante los próximos 30 años.

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Los representantes del MIT y de la Universidad de Harvard encargados de elaborar el informe que les solicitó el Gobierno harán entrega del mismo al ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, a las 10.00. Dos horas después, el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia, comparecerá con los representantes del MIT y de Enagás para presentar públicamente las conclusiones.

COSTES DE DESMANTELAMIENTO

Con los documentos sobre la mesa, el Gobierno deberá decidir si el proyecto podrá seguir siendo viable mediante una reformulación técnica -reduciendo los caudales de inyección para evitar la sismicidad, por ejemplo, como ha propuesto Enagás-, o bien, de acuerdo con lo que reclaman de forma mayoritaria entidades y vecinos de la zona, proceder a su total desmantelamiento. Esta última operación podría tener un coste, según calculó Escal UGS, de más de 300 millones, que se sumarían a los más de 1.760 millones que ha costado hasta este momento el controvertido proyecto.

Las conclusiones de los informes que elaboraron el IGN y el IGME, que parecen no haber bastado al Gobierno, certificaron que "el origen de la sismicidad [detectada en Vinaròs y zonas próximas] está temporalmente relacionado con las operaciones de inyección de gas colchón". Sus técnicos también explicaron sus conclusiones ante el juzgado número 4 de Vinaròs que investiga los terremotos.