El fiscal pide 3 años de cárcel por estafa al prestamista Antonio Arroyo

El fiscal pide tres años de cárcel para el conocido prestamista Antonio Arroyo por estafar presuntamente a una mujer a través de un préstamo fraudulento de 6.000 euros que la víctima garantizó con una hipoteca por valor superior al crédito sobre una finca de su propiedad.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el próximo miércoles el juicio al prestamista, acusado de un delito de estafa y para quien la Fiscalía pide, además de la pena de prisión, que indemnice a la víctima con la cantidad presuntamente estafada.

Antonio Arroyo ya fue detenido en febrero de 2016 como máximo responsable de una organización dedicada a engañar a personas con problemas financieros y escasos conocimientos para adquirir préstamos con intereses abusivos, de modo que contraían "enormes deudas" que no podían pagar.

Según consta en las conclusiones provisionales del fiscal en la causa por la que va ser juzgado, el 5 de noviembre de 2009 Antonio Arroyo entregó 6.000 euros en préstamos a su víctima, a quien hizo firmar sendas letras de cambio por valor de 9.000 euros para el caso de que la mujer no pudiese hacer frente a las mensualidades correspondientes al pago del crédito.

Dichas letras estaban garantizadas con una hipoteca cambiaria sobre una finca propiedad de la mujer, a quien le llegó a decir: "No te preocupes, eso no lo tendrás que pagar; es un mero trámite. Tú solo tendrás que pagar 6.000 euros en mensualidades más los intereses correspondientes".

Además, le dijo que esperase tres o cuatro meses para empezar a devolver el dinero prestado.

Con posterioridad, el acusado hizo caso omiso de las llamadas y los diversos burofaxes remitidos por la víctima, quien pretendía pagar las mensualidades, tal y como se había acordado, resultándole imposible contactar con él.

Como consecuencia del impago, la pareja del acusado, a quien éste le había endosado previamente la letra de cambio de la víctima, por importe de 9.000 euros, interpuso, en fecha 13 de octubre de 2010, una demanda para la ejecución hipotecaria contra ella por impago.

Esa demanda dio origen a un procedimiento en un Juzgado de Colmenar Viejo (Madrid) donde se despachó la ejecución, que la víctima pudo evitar abonando la cantidad de 9.000 euros.