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Los impulsores de la renta garantizada de ciudadanía rechazan la propuesta del Govern

La negativa de la 'conselleria' a incluir como beneficiarios a los asalariados a tiempo parcial con ingresos inferiores a los 664 euros frena las negociaciones

Oficina del Servei d Ocupació de Catalunya.

Oficina del Servei d Ocupació de Catalunya.

El trámite para la propuesta de ley que debe sustentar la renta garantizada ciudadana (RGC) sigue encallado al rechazar la comisión promotora la propuesta que este lunes le ha entregado la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies.

El punto principal de la discordia, explica el activista sindical Diosdado Toledano, impulsor de la iniciativa, es la negativa del Govern a incluir entre los beneficiarios de la RGC a las personas con un trabajo asalariado a tiempo parcial que no dispongan de ingresos equivalentes a los 664 euros. Para los promotores, todas las personas que no alcancen esta cifra, correspondiente al Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya, deben ser beneficiarias de la renta mínima garantizada. 

PERJUICIO A LA MUJER

"Si las personas que trabajan a tiempo parcial no son incluidas la medida perjudicaría fundamentalmente a las mujeres, ya que el trabajo a tiempo parcial y en precario les afecta a ellas mayoritariamente, hasta en un 72%", subraya Toledano, que considera inaceptable la elusión de esta demanda. "Su propuesta es incluir en este apartado solo a los colectivos muy vulnerables en exclusión, como los drogodependientes, lo cual consideramos totalmente discriminatorio. Sería una discriminación de género", alega. 

Esta incompatibilidad con las rentas del trabajo ha sido el mayor escollo para el avance en unas negociaciones que se retomarán el próximo 10 de abril.

UN LARGO PROCESO

El 20 de diciembre del 2013 se presentaron en el Parlament de Catalunya 121.191 firmas de apoyo a una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que proponía debatir e implementar una Renta Garantizada Ciudadana (RGCpara combatir la situación de emergencia social por pobreza severa. Hace más de un año, el pleno del Parlament aprobó una resolución instando a la puesta en marcha de esta prestación en el presente 2017. 

Los promotores justifican la medida como una prestación económica mensual que tiene como objetivo garantizar que todos los ciudadanos tengan unos ingresos por encima del límite de la pobreza y propone que se incluyan como personas beneficiarias todas los ciudadanos que viven en Catalunya, sea cual sea su origen y tiempo de permanencia, y no disponen de ese mínimo de 664 euros

También solicitan que se incluyan en el cálculo de la RGC a los menores o adultos a cargo de la persona beneficiaria para que el conjunto familiar disponga de las condiciones de una vida digna. La comisión propone que la cuantía de la renta sea de 664 euros por persona desde el primer año, y en el caso de que un segundo miembro familiar tuviera que acogerse también a ese subsidio, recibiría en principio el 41% de esa cantidad y hasta el 50% en el 2020. 

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