El TSJC examina el desvío a la concertada del dinero de las guarderías

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) examinará si la Conselleria d'Ensenyament vulneró la ley de finanzas públicas de Catalunya al desviar, los años 2012 y 2014, las partidas económicas inicialmente previstas para las guarderías municipales hacia las de "conciertos educativos", es decir, hacia las escuelas privadas que reciben fondos públicos. Así se lo han solicitado al TSJC la treintena de ayuntamientos que hace tres años iniciaron una demanda colectiva contra la Generalitat por haberles dejado sin los fondos comprometidos para los parvularios. La principal prueba que aportan los alcaldes es el certificado firmado en octubre pasado por la directora de Servicios de Ensenyament que admite que en esos dos ejercicios el departamento destinó 81,7 millones de euros de las guarderías a pagar "las nóminas delegadas" de los profesores de la concertada.

Ensenyament sostiene, en cambio, que la 'conselleria' estaba plenamente autorizada a hacer el traspaso de fondos de una partida presupuestaria a otra. "La de funcionamiento de las guarderías municipales es una partida ordinaria en el Presupuesto de la Generalitat", afirma Ensenyament. "En ningún caso se puede confundir con una partida nominativa, aquella que tiene concretado, tanto en su descripción como en su codificación económica, la empresa o entidad individual que ha de recibir la aportación". 

Es más, ha asegurado a este diario la entonces titular del departamento, Irene Rigau, "todos los movimientos se hicieron entre partidas vinculadas y fueron autorizados por la Conselleria d'Economia". Para compensar los impagos a los ayuntamientos, Ensenyament firmó convenios con las cuatro diputaciones provinciales, que se hicieron cargo de los importes.

DESTINATARIOS PERFECTAMENTE IDENTIFICABLES 

Con todo, los consistorios demandantes consideran que Ensenyament contravino el artículo 42 de la ley de finanzas públicas, que en su texto refundido del año 2002 prohíbe de forma explícita que se "reduzcan créditos para gastos destinados a subvenciones nominativas". Y la partida para financiar el funcionamiento de los parvularios de titularidad municipal, asegura Elena Moreno, abogada de los ayuntamientos, "tenía unos destinatarios perfectamente identificables". Moreno indica que los jueces tardarán al menos un año y medio en pronunciarse.

La letrada, que recuerda que la Generalitat "ha admitido incluso ante el Tribunal Constitucional que la educación infantil de entre cero y tres años es competencia suya", acusa también a la Administración autonómica de "defraudar la confianza legítima de los consistorios", que esperaban recibir un dinero que el Govern no les pagó. Además, agrega Moreno, "es evidente que ha habido una inactividad por parte de Ensenyament", que en el 2014 consignó 45 millones de euros para el funcionamiento de las guarderías municipales "y no destinó ni un solo euro a este concepto". Del total del importe inicial, 39 millones fueron a los conciertos educativos, otros cuatro millones a pagar las conexiones a internet de las escuelas catalanas y dos millones más a los programas de formación e inserción.

"NOS DEJARON TIRADOS"

"Nos abandonaron, nos dejaron tirados a cargo de una etapa educativa que todo el mundo coincide en que es muy importante", clama Antoni Balmón, alcalde de Cornellà, que ha emprendido una demanda individual (separada de la de la treintena de pequeños municipios) contra la Generalitat. En su caso, las 700 plazas públicas del primer ciclo de educación infantil "se asumieron con recursos propios del ayuntamiento, sin tener que subir las cuotas a las familias". 

El acuerdo por el que los jardines de infancia fueron asumidos por los consistorios data de hace más de 15 años. La Generalitat se comprometió entonces a financiar el servicio, a través de subvenciones, cuyos importes han ido variando a lo largo de los años. "La ayuda del Govern llegó a ser 1.800 euros por alumno al año, pero en el 2012 la 'consellera' Rigau la bajó a 875 euros", explica Ana del Frago, secretaria de Educación del PSC y ex alcaldesa de Barberà del Vallès, uno de los ayuntamientos que emprendieron la demanda colectiva.

"El debate no tendría que ser qué se hizo con ese dinero, sinó por qué la Generalitat ha dejado de financiar una enseñanza de la que es plenamente responsable", agrega Jaume Graells, concejal de Educación en el Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat. "Es una anomalía que se tendría que solucionar, porque no tiene sentido que los consistorios y las diputaciones estemos manteniendo una etapa educativa, en la que la Generalitat determina los contenidos que se han de enseñar, el número de alumnos por aula y las normas de calidad de la docencia", señala Graells.