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Las cifras de la concertada

Ni la CUP ha logrado que JuntsXSí se planteara modificar las condiciones de los conciertos educativos

Solo los 17 colegios del Opus recibieron el curso pasado 29,6 millones de euros

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / BARCELONA

Protesta en Barcelona contra los recortes en guarderías municipales, en el 2012.

Protesta en Barcelona contra los recortes en guarderías municipales, en el 2012. / FERRAN NADEU

Ni el necesario apoyo de la CUP ha conseguido, en sus distintas negociaciones con el Govern de JuntsxSí, que la Generalitat se planteara siquiera modificar los conciertos educativos. Y eso que la formación anticapitalista lo ha intentado en varias ocasiones, empezando por el acuerdo sobre el plan de choque social y continuando con los Presupuestos para el 2017. Las ayudas a estos colegios, reconocidas por la ley de educación de Catalunya (LEC), han quedado fuera de cuestión en todos los casos. 

El recorte del 16,7% que ha experimentado, de media, la inversión pública dedicada a educación en Catalunya "no ha repercutido de la misma manera en la financiación pública de la red concertada, que se redujo en un 11,6% entre el 2009 y el 2013", señala el sociólogo Xavier Martínez-Celorrio en el último anuario de la Fundació Jaume Bofill.

Cierto es, indica Martínez-Celorrio, que los alumnos de la concertada aumentaron en ese periodo en 4.000 estudiantes y que las escuelas de titularidad privada ingresaron, en cambio, 134 millones de euros menos. "Pero al haber sido mucho mayor el ajuste en la pública, el porcentaje de la concertada respecto al total del gasto educativo aumentó", observa el investigador de la Universitat de Barcelona. "Buena parte de la partida recortada a las concertadas corresponde al profesorado", subraya.

Los recortes de la crisis han tenido más impacto en la escuela pública que en la privada, asegura un estudio de la Jaume Bofill

Es difícil saber cuánto dinero destina Ensenyament a los conciertos educativos, entre otras cosas porque la cifra varía en función del número de alumnos matriculados y de los profesores contratados, pero sí se conoce que las 17 escuelas catalanas afines al Opus Dei recibieron el curso 2015-2016 más de 29,6 millones de euros, según la dirección general de Centros Concertados y Centros Privados de la Generalitat. 

EL DINERO ERA PARA SUELDOS

Ensenyament, que este martes ha hecho público un comunicado rebajando a 73 millones de euros el dinero no abonado en el 2012 y en el 2014 a los ayuntamientos catalanes para sufragar las guarderías públicas y desviado hacia la partida de conciertos educativos, insiste en que la prioridad, en aquellos años de crisis, fue pagar las "nóminas a todos los docentes, también a los maestros y profesores de la escuela concertada, ya que es el departamento de Ensenyament el que efectúa directamente el pago de las nóminas de estos docentes". 

En los mismos términos se han expresado las cinco asociaciones de escuelas concertadas de Catalunya, que aseguran que "en ningún caso, los beneficiarios de esta actuación fueron los centros docentes". Quienes recibieron esos fondos, afirman, fueron "los trabajadores de los centros concertados, porque la Administración tiene como obligación abonar los salarios del personal docente". "Hubo que marcar unas prioridades y los salarios de los profesores fueron sagrados", ha asegurado la entonces 'consellera' Irene Rigau, en declaraciones a este diario. 

AGREDIDAS

Las escuelas concertadas dicen sentirse agredidas por todo lo que está ocurriendo. Hasta el punto que el pasado febrero las asociaciones que las representan enviaron una carta a los padres de sus alumnos poniendo el foco en "el discurso, ya generalizado en muchos sectores, según el cual la escuela concertada es segregadora y mantiene ciertos privilegios".

Entre estos privilegios, según denuncian las plataformas de defensa de la escuela pública, figura la posibilidad que hasta este curso se ofrecía a la concertada de concurrir a la preinscripción escolar sin un límite de plazas prefijado de antemano, como sí les ocurría a los colegios públicos. Esto significa que, mientras la Generalitat decidía antes de la preinscripción cuántas clases de P-3 se iban a cerrar el curso siguiente en la pública, en función de los padrones municipales, en la concertada las supresiones de líneas no se realizaban hasta después de la matrícula.

También hay quien considera un privilegio el hecho de que, contra todo pronóstico, la Generalitat tardara casi un año en personarse en el caso de abusos sexuales cometidos en dos escuelas concertadas de los Maristas de Barcelona, a las que, además, mantiene todavía la financiación pública.

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