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Una alianza de JxSí y PP salvaría a los Maristas de perder el concierto

Nacionalistas y populares evitarían retirar la subvención al colegio de Les Corts

El resto de fuerzas defienden que la pague por ocultar la confesión de Benítez

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / BARCELONA

El ’caso Maristas’, un año después. / MÒNICA TUDELA

El inspector que se encargó de la investigación abierta por el Consorci d’Educació de Barcelona sobre la actuación de los responsables del colegio de los Maristas de Sants-Les Corts en el caso de los abusos sexuales confesados por Joaquim Benítez cerró el expediente concluyendo que la escuela había obrado de modo correcto. Y dio carpetazo al asunto.

Fue un informe "casi exculpatorio", en el que solo se tuvieron en cuenta las denuncias hechas contra el pederasta en el 2011 y en el 2013 y "las que afectan a un monitor de comedor en el 2015", explicó la adjunta al Síndic de Greuges en materia de infancia, Maria Jesús Larios, tras conocer las conclusiones. "Apenas hace mención a por qué los Maristas no aplicaron el protocolo antiabusos" y "pasa totalmente por alto la confesión que realizó Benítez tras la primera denuncia", detalló Larios.

Ese informe, con el que discrepó el Ayuntamiento de Barcelona -que forma parte del consejo de gobierno del consorcio-, es al que se acoge la Conselleria d’Ensenyament para justificar que no se adoptaran medidas contra los Maristas. La escuela, mientras, sigue recibiendo fondos públicos gracias al concierto que tiene suscrito con la Administración.

El ayuntamiento de la capital catalana solicitó, hace casi un año, la retirada de la aportación pública que reciben los Maristas si se demuestra que no estos no cumplieron con los requerimientos de los protocolos de actuación ante los casos de abusos de menores.

ESCARNIO INNECESARIO

En el Parlament, bastaría con una alianza de Junts x Sí y PP para evitar que los Maristas perdieran la subvención. "Hay que distinguir la institución, en este caso los Maristas, de la aberración cometida por una persona", dice Josep Maria Forné, portavoz de JxSí en la comisión de Educación del Parlament. Sobre cómo actuó el colegio cuando supo de los abusos de Benítez, el diputado Forné aboga por esperar a "que se resuelva el proceso judicial en curso", pero descarta que la escuela pierda la financiación pública que ahora recibe.

"Este es un asunto ocurrido hace años y no hay que castigar a los responsables actuales por lo que pasó entonces", agrega María José García Cuevas, del PP. La retirada del concierto sería, según la diputada popular, "un escarnio innecesario". Eso no es incompatible, insiste García Cuevas, "con que las administraciones muestren tolerancia cero con los abusos sexuales contra menores", un asunto "en el que no se puede mantener, de ningún modo, una posición equidistante", señala. 

 "La falta de colaboración del centro que, al conocer los hechos no los puso en conocimiento de Ensenyament ni de la DGAIA, ni realizó ninguna actuación para saber si había más alumnos afectados, es una muestra clara de que no actuó siguiendo el principio de interés superior del niño", subraya Esther Niubó, del PSC. La socialista reclama, al menos, revisar el concierto educativo, a raíz de los "incumplimientos flagrantes que se cometieron".

La CUP ya ha dejado clara en diversas ocasiones su postura contraria al modelo que mantiene las escuelas concertadas en Catalunya.

Menos contundentes se muestran Gemma Lienas, de Catalunya Sí Que es Pot (CSQP), y Sonia Sierra, de Ciutadans, que optan por la prudencia a la hora de valorar si hay que seguir sosteniendo a esa escuela con fondos públicos. Lienas opina, eso sí, que habría que imponer a la escuela al menos una penalización por no haber comunicado a las autoridades que Benítez confesó los abusos cuando abandonó el centro en el 2011. Sierra, por su parte, es partidaria de esperar a que los jueces se pronuncien sobre la responsabilidad de los Maristas en el caso. 

El Ayuntamiento de Barcelona toma la delantera

El Ayuntamiento de Barcelona no solo ha pedido la retirada del concierto a los Maristas si se demuestra que no obraron correctamente al silenciar la confesión de Joaquim Benítez. También se anticipó al personarse, en abril, como acusación popular en el proceso judicial contra el exprofesor de educación física.


La Generalitat, en cambio, no confirmó que ejercerá como acusación hasta el pasado octubre, tras recibir el mandato del pleno del Parlament, con el voto de todos los grupos políticos salvo de JuntsxSí, y después de que las 'conselleras' de Ensenyament, Meritxell Ruiz, y de Afers Socials, Dolors Bassa, mostraran repetidamente sus recelos a personarse.