Instrucción 2/2013: la declaración de guerra contra los clubs cannábicos

La fiscalía declaró la guerra a los clubs cannábicos el 5 de agosto del 2013, al redactar la instrucción 2/2013. Hasta entonces una interpretación polémica de algunas sentencias judiciales sobre el consumo y el cultivo de la marihuana había favorecido que estas asociaciones se extendieran por Barcelona y por el resto de Catalunya. A raíz de esta, la presión policial sobre las asociaciones se ha multiplicado.

La sexta conclusión de esta instrucción dice literalmente que "el cultivo de cannabis, así como la posesión de la planta o de sus derivados, aunque sean para uso privado, constituyen actividades ilícitas".

GOLPE A LA GÉNESIS 

El funcionamiento de los clubs cannábicos originales estaba basado en la colectivización del cultivo. La idea era que se cultivaba solo la cantidad de marihuana que el número de socios iba a fumar. Nadie estaba 'comprando' marihuana al entrar allí, tan solo aportando una cuota para sufragar el gasto de la producción. Un hueco legal de paredes vaporosas que desintegró la fiscalía.

El problema entre los clubs y la policía actualmente se reduce a esto: ¿cómo va a ser legal un club en el que se fuma marihuana si está prohibido cultivarla, almacenarla o distribuirla?

REGISTRO DE JUSTÍCIA 

Los clubs se registran en la Conselleria de Justícia como sociedades sin ánimo de lucro que reúnen a diversos consumidores. En este registro constan actualmente 558 asociaciones cannábicas en Catalunya, 98 de las cuales todavía no han sido inscritas oficialmente porque se encuentran en periodo de trámite. En Barcelona hay 186, 34 de estas también están pendientes de que se confirme su inscripción, según los datos de Justícia. 

Los Mossos han investigado 200 clubs desde el 2012. Estas pesquisas han dado lugar a 88 detenidos y a 19 denunciados. La inmensa mayoría de estos han terminado siendo imputados por un delito de tráfico de drogas. El resto, por blanqueo de capitales. De estos, 75 eran españoles, 5 italianos, 4 franceses, 2 brasileños, 1 alemán y 1 holandés.  

BAJO LUPA

La policía entra e inspecciona un club cada vez que sospecha desde el exterior que dentro del local se esconde una plantación o que sus dueños la están vendiendo a sus socios. Si observan estos indicios delictivos, lo comunican a un juez, piden una orden de registro y entran en la asociación. 

La propuesta no de ley presentada por ERC en el Congreso de los Diputados solicita que se derogue esta instrucción de la fiscalía, que en la práctica imposibilita la existencia de los clubs.