El Govern facilitará que los discapacitados puedan votar

El Código Civil catalán establecerá que los juzgados se pronuncien expresamente sobre la facultad de ejercer el sufragio en los casos de incapacitación judicialsufragioincapacitación judicial. Hasta la fecha, en los procedimientos de modificación de la capacidad, herramienta legal para que las personas con discapacidad sean supervisadas por la familia y queden protegidas de posibles abusos económicos y otros aspectos, la declaración de incapacidad suponía -en la mayoría de los casos- la pérdida automática del derecho al voto. Para recuperarlo, debían iniciar un proceso judicial y asumir todos los costes.

La nueva enmienda obligará de esta manera a los jueces a valorar la capacitación para ejercer el voto de todos los ciudadanos que inicien un proceso de incapacitación judicial. Deberán especificar en cada caso si hay impedimentos o no para que ejerzan ese derecho.

La iniciativa de Justícia, avanzada esta mañana por el 'conseller' Carles Mundó durante su visita a la Fundació Canigó de Barcelona -dedicada a trabajar con personas con discapacidad intelectual-, responde a las reivindicaciones de estas personas y de los colectivos que las representan para derribar las barreras que limitan su participación en la vida política. En palabras del 'conseller', "las limitaciones han de servir para proteger a las personas con discapacidad, no para perjudicarlas". "La protección del derecho a participar en los procesos electorales es un compromiso del Govern para evitar distinciones entre ciudadanos de primera y de segunda", ha agregado.

El Parlament votará el 8 de febrero la enmienda coincidiendo con la aprobación de la ley del libro sexto, que completa la regulación catalana del derecho civil.

GARANTIZAR LOS DERECHOS POLÍTICOS

La presidenta de Dincat (federación catalana de discapacidad intelectual), Rosa Cadenas, ha valorado una acción "que sumará para conseguir que se logre lo que dicta la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad". Y lo que dicta, ha recordado, es que los estados deben garantizar a las personas con discapacidad "los derechos políticos, la posibilidad de disfrutarlos en igualdad de condiciones como el resto de ciudadanos y de participar de la comunidad democrática".

El texto de la ONU, aprobado en el 2006, fue ratificado por el Gobierno español, que, sin embargo, no ha hecho ningún cambio legislativo en este sentido. "Para que se cumpla lo dictado en la Convención deben cambiar la ley electoral. Estamos luchando por ello. Hay países que sí lo cumplen", subraya Cadenas.

Actualmente en Catalunya hay 4.000 personas, según el Síndic de Greuges, que han quedado excluidas del proceso electoral por incapacitación judicial. Para recuperar el derecho a sufragio algunas han iniciado largos procesos judiciales que suponen unos gastos que, incide Cadenes, muchas familias no pueden afrontar. La modificación del código civil facilitará que puedan mantener ese derecho.