"Mi hija sabe más de política que muchos jóvenes"

Marta de la Asunción se llevó un cabreo de campeonato cuando Donald Trump ganó la carrera hacia la Casa Blanca. Conoce también las maneras de los que nos gobiernan por estos lares pero, eso sí, mantiene el secreto de voto a rajatabla. “No me lo quiere decir ni a mí”, cuenta su madre, Dolors Rius. Desde que cumplió los 18 –ahora tiene 25–, Marta vive las citas con la urna como jornadas “muy especiales”. “Me interesa la política, me gusta mucho votar y estoy muy contenta de poder seguir haciéndolo”, declara la joven, con una incapacidad del 47%. Mantener ese derecho de sufragio le ha costado a ella y a su familia año y medio de trámites y 2.500 euros. Al final, una sentencia ha reconocido que Marta de la Asunción Ruiz no debe ser eliminada del censo. 

Cuenta Rius que en el 2014, aconsejados por la Fundació Ginesta, decidieron iniciar los trámites para limitar la capacidad de obrar de su hija. “Hay gente mala que puede aprovecharse, hacerla firmar documentos, enredarla para hacer compras o incluso para casarse... Es habitual pedir la incapacitación sobre todo para la protección en temas económicos”, explica. El problema es que en el ‘pack’ venía la privación de su derecho al sufragio. Tuvieron que ir a juicio para que Marta, concedida la curatela, pudiera seguir participando con emoción y conocimiento de causa en los procesos electorales. 

DEBATES EN TELEVISIÓN

“Mi hija sigue los debates y sabe más de los políticos y los partidos que la media de los ciudadanos normales de este país. Tenemos una juventud que no tiene ni idea ni le interesa lo más mínimo”, se queja Rius con razón. A estos jóvenes nadie les interroga sobre Rajoy y sus colegas. A Marta, y el resto de incapacitados, sí. Un médico forense evalúa sus conocimientos antes de capacitarles para el voto. “A mí me gusta seguir las cosas de los políticos en televisión, se explican mejor”, declara la joven, que aprovecha para lanzar a los que manejan los hilos una demanda: “Más trabajo para los discapacitados”.

Y es que la cuestión del voto, y la modificación del Código Civil catalán para facilitarlo a las personas con incapacidad, es solo, sostiene Rius, la “punta del iceberg”. Un pequeño paso hacia los derechos de estas personas, contemplados en la Convención de las Naciones Unidas. “Sufren muchas discriminaciones –agrega Rius–. Las empresas ordinarias no quieren contratarlos”.

Marta trabaja en un centro especial y es, según su progenitora, “muy autónoma”. Aun así, debe enfrentarse cada día a una sociedad “muy poco sensibilizada” con su problemática. “A mi hija le cuesta mucho tomar decisiones y necesita ayuda. Por ejemplo, no podemos ir de compras a El Corte Inglés u a otros grandes comercios por el trato que recibe. Tenemos que ir siempre a tiendas pequeñas”. Trato de cercanía, a la antigua usanza. Pero los tiempos corren en la otra dirección.