24 oct 2020

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Un fundador de Intervida denuncian al juez Garzón y a la 'exconsellera' Tura

Acusa al exjuez y a la 'exconsellera' de estafa, apropiación indebida y tráfico de influencias

Considera que expoliaron y desmantelaron la ONG cuando esta fue intervenida

El juez Baltasar Garzón, en una foto del 2012. / JOSÉ LUIS ROCA / EUROPA PRESS VÍDEO

El cofundador de Intervida Rafael Puertas ha anunciado este miércoles la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el exjuez Baltasar Garzón, y varios antiguos cargos de la Generalitat de Catalunya, entre ellas la exconsellera de Justicia Montserrat Tura, así como los exadministradores judiciales de esa ONG, por la "estafa" que a su juicio se habría perpetrado en el 2007, cuando la oenegé fue intervenida.

Aquel año, el Ministerio Fiscal se querelló contra los fundadores y la directiva de Intervida por un supuesto desvío del dinero recaudado mediante apadrinamiento de niños a actividades que no tenían nada que ver con el fin social de esta entidad sin ánimo de lucro que llegó a ser la tercera más grande de España, por detrás de Cruz Roja y Cáritas. Tras cinco años de investigación, y cuando el principal instructor del caso, el exjuez Garzón ya había sido apartado de la Audiencia Nacional, el caso fue sobreseído y Rafael Puertas fue absuelto de todos los cargos.

VARIOS DELITOS

Ahora, el cofundador de la ONG acusa de estafa, apropiación indebida y tráfico de influencias al exmagistrado, a Tura, a otros altos cargos de la Generalitat de Catalunya y a los administradores y empleados de Educo, la ONG que nació de la fusión de Intervida con la organización local Educación sin Fronteras cuando ya se había dictado la absolución de Puertas. A Garzón además, le denuncia por denegación de auxilio, encubrimiento de delitos y omisión del deber de perseguir delitos.

La policía llenó una furgoneta con los documentos requisados

La jueza de Barcelona Maria del Pilar Calvo Resel acordó en julio del 2007 la intervención de la fundación Intervida y otras seis entidades de su entorno y, por lo tanto, la suspensión temporal de todos sus cargos de las personas que forman parte del patronato. La magistrada investigó desde entonces las actividades de esta oenegé y el supuesto desvío de 45 millones de euros procedentes de apadrinamientos de niños a raíz de una querella de la fiscalía por apropiación indebida y estafa.

La policía, por orden de la jueza, se personó a primera hora de la mañana en la sede central de esta fundación en el paseo de Pujades y realizó una entrada y registro. Los agentes se incautaron de numerosa documentación --llenaron más de una furgoneta-- e hicieron copia de algunos discos duros de ordenadores.

Según Puertas, representado por el abogado Daniel Vosseler, la entonces ‘consellera’ y los administradores que se hicieron cargo de la entidad a propuesta de Tura y del juzgado expoliaron la fundación: "La desmantelaron, desoyendo el mandato legal de preservar el buen funcionamiento", afirma.

Puertas asegura que tanto los administradores nombrados por Montserrat Tura cuando se ordenó la intervención judicial de la entidad, como los gestores de la misma amparados por Garzón "supuestamente estafaron a 200.000 padrinos españoles", haciéndoles creer que su dinero llegaba a los menores apadrinados cuando ya no era así.

GESTIÓN ANÓMALA

La denuncia, que tiene más de 200 páginas, argumenta en este sentido que tras la intervención, los ingresos de Intervida cayeron un 70%, mientras las contrataciones externas crecieron un 545%, hasta superar los dos millones de euros, y a pesar de ello el personal aumentó de 100 a 160 empleados.

Puertas ha asegurado en el transcurso de una rueda de prensa para explicar la denuncia, que los administradores provisionales acabaron con el 80% de los proyectos de la entidad, y dejaron en la "indigencia total" a cuatro millones de personas a las que la organización atendía en media docena de países.

Además, ha asegurado que había "intereses ocultos" en la decisión de cerrar la ONG, por ser una de las pocas entidades no politizadas ni religiosas, y ha calificado el caso como un falso escándalo mediático.

Intervida era en el 2007 la tercera entidad sin ánimo de lucro más grande de España, por detrás de Cruz Roja y Cáritas, contaba con 346.561 socios y manejaba un presupuesto anual de unos 90 millones de euros, con el apadrinamiento de niños como principal fuente de ingresos.