Ir a contenido

Los puntos de acuerdo entre Fomento y la Generalitat

De la Serna anuncia la inauguración del tramo ferroviario Tarragona-Vandellòs para la primavera del 2018

Rull se compromete a presentar en 15 días una propuesta para sacar los camiones de la N-340 en Tarragona

MARÍA JESÚS IBÁÑEZ / BARCELONA

Andenes de Rodalies en la estación de Sants.

Andenes de Rodalies en la estación de Sants. / ALBERT BERTRAN

La primera reunión entre los responsables de infraestructuras del Gobierno central, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y de la Generalitat, el 'conseller' de Territori, Josep Rull, se ha saldado con algunos anuncios y magros compromisos. 

EL CORREDOR MEDITERRÁNEO

El tramo de Tarragona a Vandellòs, para la primavera del 2018

Un paso de gigante. Así ha definido el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, la puesta en servicio del tramo ferroviario del Corredor Mediterráneo entre Tarragona y Vandellòs, que, según ha anunciado, se pondrá en marcha en fase de pruebas en la primavera del 2018. La fecha ahora comunicada supone, no obstante, un año de retraso respecto a lo previsto por la anterior ministra, Ana Pastor. De la Serna ha atribuido la demora al "año que ha estado el Gobierno en funciones", sin poder aprobar trámites administrativos sobre la obra. Cuando  se ponga en circulación el tramo, que de momento será de ancho ibérico, según ha recordado el conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, el tiempo de recorrido entre Barcelona y Valencia se reducirá en 35 minutos. El tramo tiene 64 kilómetros de longitud y permitirá retirar el tráfico ferroviario del interior de las poblaciones de la zona. De la Serna ha adelantado también que en breve dará a conocer el nombre (ya lo tiene decidido, ha reconocido) de la persona que ejercerá como coordinador único del Corredor Mediterráneo. Rull ha apuntado,con todo, la Generalitat presentará una propuesta de nombres para ocupar el puesto, "y para que esta no sea una oportunidad desaprovechada". 

LA CARRETERA N-340

Una solución sobre la mesa dentro de 15 días

En unas dos semanas calcula la Conselleria de Territori i Sostenibilitat que tendrá listo, para ser entregado al Ministerio de Fomento, el documento, "consensuado con las autoridades locales y otros agentes del territorio" sobre la controvertida carretera N-340, ha dicho el 'conseller' Josep Rull. La propuesta de la Generalitat no solo pasa por desviar a los vehículos de gran tonelaje por la autopista AP-7, "siguiendo el modelo de la N-II en Girona", sino también por "otros temas vinculados a la movilidad del territorio", ha apuntado Rull. Una de las opciones con más probabilidades de prosperar, ha insinuado, es la de fijar bonificaciones para los conductores que se desvíen por la autopista AP-7, que discurre paralela a este eje viario a su paso por las comarcas de Tarragona, no solo para camiones sino también para otros vehículos habituales en este tramo. De la Serna, que ha quedado a la espera de que le llegue la propuesta para poder estudiarla con detenimiento, ha reconocido que la prohibición de camiones por la carretera N-II a su paso por las comarcas de Girona ha arrojado un «resultado espectacular, con una reducción de la siniestralidad del 65%». Rull ha aprovechado la ocasión para recordar que la idea en este caso  fue de la Generalitat.

LA BURBUJA DEL ALQUILER

Fomento acepta revisar la ley de arrendamientos

Más receptivo se ha mostrado el ministro De la Serna respecto a la necesidad de adoptar medidas que permitan poner freno a los disparados precios de alquiler de vivienda que soportan algunas grandes ciudades catalanas. El titular de Fomento ha dicho estar dispuesto a revisar la ley de arrendamientos urbanos de modo que se reforme el actual techo de 600 euros para optar a ayudas. El nuevo plan de vivienda que tiene prácticamente terminado el Gobierno, ha dicho De la Serna, prevé "dar facilidades para canalizar ayudas al alquiler y a la regeneracion y rehabilitacion urbanas". Sin embargo el ministro no ha dicho nada acerca de la limitación de los alquileres abusivos, al menos para los grandes tenedores de pisos, ni de la regularización de las ocupaciones por parte de familias vulnerables, las dos principales reivindicaciones de Barcelona y los grandes municipios metropolitanos en esta materia, insatisfechas también, al menos de momento, por la nueva ley catalana de vivienda. Sobre esta, la 'consellera' de Governació i Habitatge, Meritxell Borràs, ha pedido al ministro que evite recurrirla ante el Constitucional.