Ir a contenido

Las entidades sociales dicen que la ley de vivienda aprobada por el Parlament nace coja

La PAH asegura que el texto, aprobado por unanimidad, desampara a la mayoría de las familias

La Taula del Tercer Sector critica que la regulación de los "alquileres abusivos" se demore hasta 9 meses

TERESA PÉREZ / BARCELONA

Un hombre mira ofertas de pisos de alquiler en los expositores de una inmobiliaria del barrio del Poble Sec de Barcelona.

Un hombre mira ofertas de pisos de alquiler en los expositores de una inmobiliaria del barrio del Poble Sec de Barcelona. / RICARD CUGAT

La ley de vivienda aprobada este jueves por unanimidad por el Parlament de Catalunya no cumple con las aspiraciones de las entidades sociales para garantizar el derecho a la vivienda. El texto, que sustituye los tres artículos de la norma 24/2015 de emergencia habitacional suspendidos por el Tribunal Constitucional, se ha tramitado en menos de seis meses e introduce algunas novedades: abre la puerta a una limitación de los "alquileres abusivos", en un plazo máximo de 9 meses, y afronta el fenómeno de la ocupación de las viviendas. 

Carlos Macias, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), entidad impulsora de la ley 24/2015, ha criticado que el nuevo texto "quede lejos" del anterior y ha advertido de que deja "desamparadas" al 90% de las familias. También ha pronosticado que la norma aprobada "será un fracaso" y ha censurado que los mecanismos para impedir los desahucios sean "farragosos, caros y lentos". La entidad ha elaborado una tabla comparativa con las ventajas de la ley 24/2015 respecto al texto ratificado este jueves por la cámara catalana.

La Taula del Tercer Sector, que agrupa a 3.000 organizaciones, considera que al texto "le faltan algunos aspectos claves para garantizar plenamente el derecho a la vivienda, sobre todo en el control de alquileres abusivos". Oriol Illa, presidente de la entidad, valora el texto, pero lo ve "insuficiente". Por ello, ha insistido en la necesidad de ampliar el parque social de pisos y actuar para movilizar las viviendas vacías.  

VIVIENDA SOCIAL

Los partidos de izquierda y las entidades sociales han criticado la tibieza de la nueva norma con los grandes tenedores de viviendas como los bancos y la carencia de partidas económicas suficientes para crear un parque de vivienda social.

La nueva norma ha sido analizada por el Col.legi de l'Advocacia para evitar que sea suspendida, como le ha ocurrido la 24/2015. Más del 50% de las 70 enmiendas presentadas han sido asumidas por el texto. La norma, ratificada por unanimidad, prevé mecanismos de mediación; la expropiación temporal del uso de la vivienda y ayudar económicamente a los afectados o realojarlos.

La 'consellera' de Governació i Habitatge, Meritxell Borràs, ha recordado que es una ley de urgencia para sustituir la suspensión cautelar de los artículos de la ley 24/2015. Borràs ha mostrado su satisfacción porque el texto "se haya aprobado por unanimidad, igual que sucedió de la anterior ley".

Marc Solsona, del grupo Junts per Sí, ha destacado que la0 ley es una importante herramienta para que las diferentes administraciones luchen contra la emergencia habitacional y ha añadido que incluye una memoria económica para que la Generalitat deba asumir “todo el compromiso” que pueda derivarse de la norma. 

NUEVA BURBUJA INMOBILIARIA

Lluís Rabell, del grupo Catalunya Sí Que Es Pot, ha valorado que la norma introduzca el concepto de "alquiler abusivo", a propuesta de su grupo, pero ha lamentado que no aborde la dimensión social de este fenómeno, ya que considera qeu estamos ante una nueva burbuja inmobiliaria. "Si no paramos los precios, los efectos serán devastadores", ha dicho. Joan Garriga, diputado de la CUP, ha censurado la sobreprotección que tiene la norma con las entidades financieras y considera "insuficiente cómo afronta el problema y la falta de contundencia y laxitud con los bancos".

Jordi Terrades, del PSC, ha reconocido que la norma es un buen instrumento contra la emergencia habitacional y el popular Fernando Suárez ha mostrado "la oposición" de su grupo "a legitimar la ocupación". También ha afirmado que la Administración debe asumir los costes y no debe pasar la responsabilidad al sector privado. 

0 Comentarios
cargando