El fin de los cortes de la luz se demorará hasta cuatro meses

El Gobierno y el PSOE, con la incorporación a última hora de Ciudadanos, han acordado por fin prohibir los cortes de la luz a los hogares “muy vulnerables”, pero su entrada en vigor se retrasará hasta cuatro meses. El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ha defendido que no es posible acelerarlo porque debe recibir informes del Consejo de Estado y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, y negociarlo con la Comisión Europea y también con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que tienen las competencias de protección social.

Los partidos han pactado cambiar la ley del sector eléctrico, que fija los "suministros esenciales" que no se pueden cortar, como el de los hospitales, para añadir a los hogares en peor situación. Se incluirá en un real decreto que el Consejo de Ministros aprobará este viernes o el siguiente y que las Cámaras convalidarán a finales de enero o principios de febrero. Entonces se abrirá un plazo de tres meses para redactar su reglamento, que es donde se incluyen los aspectos más concretos como la definición de consumidor muy vulnerable y el procedimiento para evitar los cortes.

El Gobierno reacciona por fin y prohibirá los cortes de luz a los hogares más pobres

También han acordado que las eléctricas cofinancien a través del bono social el coste de evitar los cortes de la luz, unos pagos a las empresas que ahora asumen en solitario los servicios sociales y que se duplicarán; ligar el bono social al nivel de ingresos de los beneficiarios (actualmente hay perceptores que no lo necesitan), y desarrollar un índice de comparación de ofertas de electricidad, similar al TAE financiero. PSOE y Ciudadanos también han defendido extender la prohibición de los cortes de suministro al gas, pero el Gobierno ha enfriado sus expectativas.

PROCEDIMIENTO

La modificación del artículo 52 de la ley del sector eléctrico va a proteger, por tanto, a los hogares en situación de pobreza energética extrema identificados por los servicios sociales de comunidades y ayuntamientos. En caso de impago, las eléctricas avisarán al consumidor y se abrirá un periodo de dos meses para que regularice su situación. Es ese plazo, las compañías tendrán que ponerse en contacto con los servicios sociales para saber si el usuario está protegido por su extrema vulnerabilidad. En caso afirmativo, no le podrán cortar la luz.

El retraso en la aplicación de la medida, con todo, hará que no se aplique durante el invierno que empieza este miércols. Durante ese periodo, solo estarán protegidos los consumidores de las comunidades donde hay leyes específicas de pobreza energética, como Catalunya, pero estas han revelado que no son suficientes, como en el reciente caso de la anciana de Reus que murió a causa de un incendio provocado por una vela dos meses después de que le suprimiesen el suministro.

CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Nadal ha destacado que el Gobierno llevará el acuerdo a la conferencia entre el presidente Rajoy y los presidentes autonómicos del próximo 17 de enero para tratar de pactar el reglamento de la ley. Un encuentro al que han anunciado que no acudirán los máximos dirigentes de los Ejecutivos catalán y vasco, Carles Puigdemont y Iñigo Urkullu. "Es responsabilidad de esos Gobiernos autonómicos acudir o no", ha advertido el ministro después de resaltar que sus comunidades "tienen representación política en la Cámara".

El portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, ha defendido que el acuerdo es un "primer paso" para acabar con la pobreza energética y ha añadido que su partido está trabajando para que también se prohiban los cortes de suministro de gas, una postura que ha compartido Melisa Rodríguez, de Ciudadanos. Pero Nadal ha enfriado sus planes: "No corramos antes de hablar". El ministro, así, ha dejado la puerta abierta a hablar sobre el tema, pero ha matizado que es preciso hacer las cosas bien y que para ello es necesario tiempo.

BONO SOCIAL

El ministro, que en las últimas semanas se había mostrado partidario a pactar algún tipo de medida, ha aceptado la iniciativa sobre los cortes de la luz del PSOE. A cambio, los socialistas van a apoyar el proyecto del Ejecutivo de que el bono social (descuento del 25% del recibo para ciertos colectivos vulnerables) lo paguen todas las comercializadoras, pero no otras compañías como la semipública Red Eléctrica. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo había anulado el sistema actual por el cual lo financiaban solo parte de las empresas.

Ligar el bono social a la renta es clave, ya que el sistema actual (beneficia a hogares con todos los miembros en paro, familias numerosas, pensionistas con la prestación mínima, y viviendas con potencia contratada inferior a tres kilovatios: 2,42 millones de hogares y unas 7 millones de personas) incluye a perceptores que realmente no lo necesitan. Este cambio liberará recursos que se podrán destinar a costear el evitar los cortes.