Silencio, cueste lo que cueste

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IDOYA NOAIN / NUEVA YORK

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En Estados Unidos, el país donde nació y tiene su sede central la organización de los Testigos de Jehová, y donde hay más de 14.000 congregaciones y cerca de 1,2 millones de fieles, hay abiertos en los tribunales al menos 20 casos por denuncias de abusos sexuales a menores. En todas las instancias se trata de demandas en el sistema de justicia civil, no en el penal. Y todas tienen algo más en común: la organización se ha negado a facilitar documentos internos en los que se recogen las directrices sobre cómo lidiar con este problema. Incluso cuando la negativa implica pagar duras sanciones impuestas por los jueces.

En junio un magistrado de San Diego obligó a la Watchtower Bible and Tract Society a pagar 4.000 dólares por cada día en que la organización no facilitara la documentación requerida en la demanda presentada por Osbaldo Padrón, un hombre que asegura que sufrió abusos sexuales a manos de un líder local de los Testigos en California a los 7 años. Entre esa documentación solicitada figuraba una de las cartas dirigidas en 1997 a los reponsables de congregaciones de todo el mundo -publicada por este diario- que ordenaba crear un archivo interno con todos los casos de pederastia. Aunque durante el proceso se facilitó una copia, estaba tan editada que era inservible. "Watchtower tiene claramente control sobre los documentos", escribió al imponer la multa diaria el juez, que habló de "obstinación" en incumplir los requerimientos legales.

"Están demostrando una voluntad de arriesgar mucho dinero para mantener los documentos secretos", constata en una conversación telefónica Trey Bundy, un reportero del Centro para el Periodismo de Investigación que lleva más de dos años publicando información sobre los casos de abusos a menores dentro de los Testigos de Jehová. "El gran tema es el archivo secreto con nombres" relacionados con los casos de pederastia, dice el periodista. "Varias veces se han negado a dar esos documentos y la pregunta es: si los tribunales no pueden conseguirlos, ¿cómo se van a hacer públicos alguna vez?"

ARCHIVO CON NOMBRES

La existencia de un archivo con los nombres de los pederastas de la organización no se pone en entredicho. De hecho, el 1 de abril del 2014, durante uno de los juicios en EEUU, un alto cargo de los Testigos, Richard Ashe, admitió que se había ido recopilando información y se había archivado electrónicamente. Pero el problema, según Bundy, es que no hay un mecanismo para forzar a los Testigos de Jehová a hacer público ni ese ni ningún otro documento.

Parte de la explicación de esa imposibilidad es que los juicios hasta ahora han tenido lugar en la justicia civil. Si en cambio se juzgaran ante la justicia penal y un fiscal quisiera ver los documentos entraría en juego la policía, que sí tendría herramientas para forzar a hacerlos públicos.

INACCIÓN DEL GOBIERNO

De momento, no consta que lo estén investigando ni el Departamento de Justicia ni el FBI. Justicia lleva dos años sin responder ni las llamadas ni los correos de Bundy. Según el periodista, las autoridades no han contactado con ninguna de las "cientos de personas" que conocen casos de abusos ni con otros abogados o periodistas que siguen el asunto. En Australia o en el Reino Unido ha sido el Gobierno quien ha tomado un papel activo en la investigación, pero en EEUU, el país con más Testigos de Jehová del mundo, "el Gobierno no está haciendo nada" según Bundy. "Todas las directivas salen de aquí, por eso debe investigarse aquí", razona.