De realquilada a okupa

Decían que era una okupa que se había aprovechado de su generosidad, aunque habían pactado con ella que les pagaría 200 euros al mes "por los gastos de agua y luz". Una cantidad nada simbólica si se tiene en cuenta que el alquiler mensual de su vivienda de Les Franqueses del Vallès es de 550 euros al mes. Durante los dos primeros meses de convivencia no hubo problemas, pero al parecer la armonía se quebró cuando al tercer mes la realquilada dejó de pagar. Los arrendatarios de la vivienda la quisieron echar, pero ella se cuadró y se acogió a los derechos con que le amparaba la ley. 

Francesc Ferré y Andrea María aseguran, sin embargo, que han soportado un calvario durante tres meses. Según dicen, decidieron acoger unos días a Luciana, de origen brasileño como Andrea María, porque pasaba una mala racha. Pero poco después le pidieron que se marchara porque la convivencia "se había hecho difícil". Pero en lugar de hacer las maletas, ella decidió quedarse. Hasta el pasado miércoles, cuando, quizás harta de una incómoda situación por la que se habían interesado varios medios de comunicación, decidió marcharse.

DENUNCIA POR COACCIONES

“Hacía lo que quería. Traía a su novio y a su hijo los fines de semana, y luego llegaron algunas exigencias”, asegura Ferré para justificar los problemas de convivencia. El hombre destapó el caso en un reportaje de televisión en el que no mencionó el acuerdo económico al que habían llegado con Luciana. Solo explicó que, pocos días después de que se instalara en su vivienda, Andrea María le pidió que se marchara porque la situación era insostenible, lo que provocó un gran enfado de la "invitada".

Esa misma noche, la pareja dejó puesta la llave de la puerta principal, por dentro, y Luciana no pudo abrir. “En lugar de llamar, se fue a los Mossos y vino con una patrulla que nos dijo que no podíamos evitar que entrase en nuestra casa. Y así fue, al día siguiente, unos agentes nos entregaron una demanda judicial por coacciones”, recuerda Ferré.

Una semana después, ambas partes se vieron las caras ante un juez de Granollers, que les recomendó que llegaran a un acuerdo mientras se tomaban un café. Pero la situación aún se tensó más y la pareja consultó hasta a seis abogados. Todos coincidieron en que no podían expulsarla a la fuerza porque estarían vulnerando sus derechos.

EN MANOS DEL JUEZ

“Se debe presentar una denuncia o una demanda para que el juez decida si se expulsa a esa persona del inmueble, dado que técnicamente está viviendo en la finca a precario”, precisa Eduard Borràs, abogado y secretario general de la Cambra de Propietat de Sabadell. Según Borràs, el problema es que esa decisión puede alargarse varios meses, hasta un año: “También se pueden pedir medidas cautelares para que se practique la desocupación y se le encuente una vivienda provisional hasta que haya una decisión en firme”, explica.

Fuentes del Ayuntamiento de Les Franqueses apuntan que tampoco podían hacer nada al respecto, al tratarse de un caso entre particulares. Afirman que nunca antes recibieron ninguna solicitud a través de la Policía Local o de los Servicios Sociales, y que todo lo que conocen del caso lo saben por la prensa. “Maldita la hora en la que nos planteamos ayudar a alguien para que después se volviera en contra nuestra, nos estaba destrozando la vida”, insiste Ferré, que ya se ha apresurado a cambiar la cerradura.