Referéndums para todo

Los sevillanos acaban de decidir por votación popular que la Feria de Abril dure más días. Aunque es la que más se ha asomado a los medios de comunicación, la de la capital andaluza no es ni mucho menos la única consulta popular que está en marcha. Mientras la reedición del referéndum independentista monopoliza el debate público, muchos ayuntamientos, la mayoría encabezados por las confluencias de Podemos, empiezan a materializar sus promesas de participación organizando votaciones ciudadanas que por el momento, eso sí, han arrancado con problemas: baja participación y muchos obstáculos legales y logísticos.

Se calcula que por la Feria de Abril pasan cada año un millón de visitantes y no hay casi ningún sevillano que no se acerque a alguna caseta. Sin embargo en la votación sobre su duración han participado solo 46.659 personas, un 6,9% de los que tenían derecho a voto. Madrid ha tenido que rebajar del 2% al 1% el umbral de firmas exigidas para que una propuesta se vote porque ninguna iba alcanzarlo y en las votaciones de Valencia para escoger 100 proyectos de inversión solo participó el 0,9% de los vecinos.

¿Desinterés? ¿Falta de costumbre? Pablo Soto, el concejal que pilota la delegación de Participación en el Ayuntamiento de Madrid, cree que hay que tener paciencia. “Nos gustaría que la participación fuera más alta pero estamos pasando de un modelo donde un gobierno lo decide todo sin consultar con nadie a otro en el que la ciudadanía participa constantemente en los presupuestos de manera directa y en varios referéndums al año. No es un cambio que se pueda hacer en diez meses”, advierte.

Tampoco cree que “en todo tenga que participar todo el mundo”. En Suiza, el modelo participativo en el que se ha inspirado el equipo de la alcaldesa Manuela Carmena, muchas consultas no alcanzan más del 15% de participación y "no por ello pierden legitimidad", argumenta, aunque admite que las que concitan más interés llegan a movilizar al 70% del electorado. 

DEBATE CONTAMINADO POR LA CONSULTA CATALANA

El apoyo público que brinda el Estado helvético a la participación es enorme. Allí, una vez se consiguen las 10.000 primeras firmas, la Administración financia la campaña con 10.000 francos. Hay debates en la televisión nacional, se abren los colegios electorales en domingo, se mandan cartas que incluyen toda la información sobre quiénes plantearon la iniciativa, la posición del Parlamento al respecto y qué organizaciones suscriben el “sí” y cuáles el “no”.

Aquí la situación es la contraria. “La palabra referéndum está ‘toxificada’ por la pugna por la consulta catalana. Todo el sistema legal está diseñado para que no se produzcan”, lamenta Soto, que cuenta cómo los ayuntamientos han optado por la figuras legales de “proceso participativo” “consulta ciudadana” o “votación popular” para salir adelante. La misma vía de escape que la Generalitat usó para el 9-N pero que el Tribunal Constitucional rechazó.

Este tipo de procesos no pueden ser vinculantes jurídicamente aunque la mayoría de ayuntamientos se han comprometido políticamente a acatar los resultados. La desregulación comporta que cada uno aplique una fórmula distinta para el voto, la mayoría por la vía de internet, lo que provoca fraudes como el de Zaragoza, donde desde la misma IP se mandaron centenares de sufragios. En San Sebastián la Delegación del Gobierno ha logrado impedir la celebración de la consulta sobre los toros que planeaba su alcalde.

ALTO COSTE

Aunque la ‘referendumfobia’ del Gobierno no existiera no sería tampoco fácil aplicar a España el modelo suizo. La democracia es cara y no es cuestión de invertir en las consultas más dinero que en los proyectos sometidos a votación. Los helvéticos gastan unos 8 euros por voto. “Aquí tenemos que hacerlo con cien veces menos”, afirma Soto, que recuerda que para sus primeros referéndums tendrán que gastarse 20.000 euros en urnas porque ni de eso disponen.