Las prótesis defectuosas de Traiber liberaban partículas en el organismo
El peritaje de la UPC concluye que los pacientes corrían el riesgo de sufrir necrosis y tumoraciones
Lluís Márquez, gerente de la empresa de prótesis Traiber, en el 2005. /
El informe de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) sobre una de las prótesis de rodilla de la empresa Traiber de Reus (Baix Camp) -clausurada por una alerta sanitaria desde noviembre del 2014 a causa de un cúmulo de irregularidades- revela múltiples defectos debidos, en gran parte, a las malas condiciones de fabricación.
El peritaje, al que ha tenido acceso este diario, ya está en manos del Juzgado de Instrucción número 3 de Reus, que investiga cómo llegaron a implantarse unas 6.000 prótesis de cadera, rodilla y columna, presuntamente caducadas o en mal estado, a pacientes de 11 comunidades autónomas y que también se exportaron a más a siete países. El hospital de Sant Joan de Reus concentra el grueso de los afectados, con 1.400 casos.
El peritaje corresponde a uno de ellos, una mujer a la que se le implantó en el 2006. La afectada relata que, tras “siete años de no poder hacer vida normal y muchos dolores” sin que nadie le hiciera caso, al estallar el escándalo ató cabos y denunció que llevaba una de esas prótesis. Se la extrajeron en junio del año pasado en presencia de un forense designado por el juez y de técnicos de la UPC.
CÚMULO DE DEFECTOS
El informe ha hallado defectos por “esterilizaciones” o “exceso de tiempo en almacenamiento o de calor y fallos de conservación”. El mal pulido final de sus componentes y la fricción de las piezas también provocó “profundas marcas de arado” y liberó partículas que fueron a parar al organismo de la paciente.
Sus tejidos tenían síntomas de metalosis, es decir, lo que popularmente se conoce como envenenamiento por cromo y cobalto. Las rugosidades de la prótesis superaban el límite de la normativa internacional e incluso el tornillo que unía las piezas estaba lleno de rebabas, totalmente impropio en material clínico.
En su conjunto, la prótesis favorecía “la enfermedad de las partículas” que puede “necrotizar” -(pudrir)- “el tejido óseo y/o crear tumoraciones”, según el informe. El dueño de Traiber, el empresario Lluís Márquez, está imputado por un delito contra la salud pública; falsedad documental, blanqueo de capitales y otro de societario.
DENUNCIA DE UNA EXTRABAJADORA
El caso arrancó por el aviso de una extrabajadora, cuya denuncia desembocó en una alerta sanitaria de la Agencia Española del Medicamentos, la revisión de más de 6.000 pacientes, una investigación judicial y la imputación de más de un centenar de personas.
En los registros practicados por la Guardia Civil en Traiber y en el domicilio de Márquez aparecieron los nombres de 60 médicos, todos están imputados para aclarar si recibieron comisiones por usar las prótesis defectuosas. En la causa también hay más de un centenar de pacientes perjudicados.
El abogado Emili Ortiz, que representa a 60 de ellos, se felicita porque “ahora se agilizará todo” y anuncia que pedirán “indemnizaciones muy elevadas porque los daños también lo son”. La horquilla irá de los 400.000 al millón de euros.
"Si no hubiera estallado todo esto, yo aún estaría rabiando de dolor", concluye la mujer que llevó durante siete años una mala prótesis de rodilla.
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