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Multa de 150 euros por pedir a un revisor de Renfe que tratara con respeto a un inmigrante

La Conselleria de Territori impone una sanción a un viajero por "obstruir" la labor del interventor

Una testigo confirma que el multado solo reclamó que se hablara con educación al pasajero extranjero

GUILLEM SÀNCHEZ / BARCELONA

Juan Manel López junto a la estación de tren de Blanes, este martes al mediodía. 

Juan Manel López junto a la estación de tren de Blanes, este martes al mediodía.  / ANNA MAS

Juan Manuel López, un ingeniero de 57 años residente en Blanes (La Selva), viajaba en un tren de la línea RG1 -que une L'Hospitalet de Llobregat con Portbou- el 8 de septiembre del 2015. Cuando el convoy llegó a la estación de Malgrat de Mar se desencadenó una discusión entre el revisor y un viajero de origen africano. El interventor no aceptaba su billete y le pedía que se bajara del tren. Según asegura a EL PERIÓDICO el ingeniero, el revisor se dirigía a ese pasajero "de forma altanera" y "faltándole al respeto". Por eso decidió intervenir, para decirle "únicamente" que "hiciera su trabajo" pero que se abstuviera de "maltratarlo".

El revisor, que “había detenido la marcha del tren” para que el pasajero africando accediera a bajarse, reaccionó exigiéndo a Juan Manuel López que se identificara. Los demás viajeros empezaron a mostrar su malestar por el retraso que la situación estaba generando. El interventor, tal como "también le pedía el propio inmigrante que se negaba a apearse", terminó llamando a la policía local de Malgrat, que se presentó en la estación de tren. La patrulla policial identificó a Juan Manuel y le facilitó sus datos al interventor, considerado un agente de la autoridad que cuenta con presunción de veracidad.

MULTA DE LA GENERALITAT 

El 18 de enero, la Conselleria de Territori i Sostenibilitat comunicó a Juan Manuel López que había sido sancionado con una multa de 150 euros “por obstruir la actuación de los servicios de inspección” de aquel tren. El propio afectado había presentado una queja en Rodalies que, según le notificaron, abriría una investigación del incidente. "Nunca me dijeron cómo terminó esta última", lamenta. 

El ingeniero, tal como prueba con las sucesivas cartas mantenidas con la director general de Transports i Mobilitat, Pere Padrosa, alegó en tres ocasiones, hasta que el pasado 27 de julio recibió la resolución final, contra la cual ya no podía recurrir. En esta, la 'conselleria' le aclara que, según el informe elaborado por Rodalies Renfe, el revisor "tiene autoridad" para ordenar a un viajero que se baje del tren y que él fue sancionado porque animó al pasajero africano "a no abandonar" el convoy y lo "incentivó" a desafiar al revisor. En esta tercera carta, también se le comunica que esta versión del interventor ha resultado “acreditada” mientras que él no ha aportado “elementos de prueba” que "la desvirtúen".

RESPALDO DE UNA PASAJERA

En la última alegación, Juan Manuel López había incluido los datos de una pasajera que viajaba en el mismo vagón y que presenció el incidente. Esta mujer es Mercè Zorrilla y, en declaraciones a este diario, ha confirmado que no conocía al multado y que el ingeniero se limitó a rogar al interventor que tratara “con respeto” al pasajero africano. “Fue el que actuó con más educación durante aquel episodio”, asegura la testigo.

“Probablemente el revisor tuviera razón y el billete del pasajero africano no era válido. Pero le trató con desprecio y eso fue lo único que le recriminó él”, subraya. Según recuerda esta mujer, los comentarios de del interventor eran despectivos porque desconfiaba del inmigrante con frases que aludían a su colectivo dando a entender que "a los que eran como él ya los conocía de sobras". 

Juan Manuel López ya ha pagado la sanción de 150 euros, porque existía “riesgo de embargo”, y ahora se plantea emprender acciones legales contra la Conselleria de Territori. El problema es que no resultará “barato” correr con los costes que implicarán. Si lo acaba haciendo, no será "por los 150 euros" sino "para denunciar la impunidad” con la que se han comportado tanto el interventor como la administración que ha terminado sancionándolo a él, aclara.