Segunda denuncia en una semana contra Desokupa
El Observatorio Desc ha presentado una querella contra la empresa Desokupa por su actuación en el desalojo de la casa okupada de Can Dimoni, en el barrio de Gràcia de Barcelona, el pasado 14 de abril. Es la segunda demanda que se interpone contra esta empresa en una semana.
La denuncia, ha aclarado Irene Escorihuela, la directora de esta plataforma de entidades en defensa de derechos civiles, es contra Daniel Estévez, el empresario de este colectivo especializado en desahucios sin orden judicial de inquilinos que ocupan una propiedad o han dejado de pagar el alquiler, dos de sus trabajadores y el dueño de la empresa Norvet Negotial, que contrató los servicios de Desokupa.
Escorihuela ha remarcado a este diario que los cuatro denunciados cometieron "delitos por allanamiento de morada" y porque ese día actuaron con "coacciones y amenazas" contra los inquilinos. Esta querella todavía no ha incoado diligencias.
Se trata de la segunda denuncia que se interpone contra Desokupa. El pasado 9 de septiembre, una mujer que reside junto a su hija y su madre, y que estuvo a punto de ser desahuciada de la casa en la que viven en Pacs del Penedés, presentó la primera ante los Mossos .
“SIN AMENAZAS”
El pasado viernes Marta (que es como se llama esta mujer) había ido "a comprar" con Sara, su hija de 18 años, a Vilafranca del Penedés. Recibió una llamada de Estévez. Lo que el director de Desokupa le dijo entonces por teléfono fue que no volviera a su casa porque "no la dejarían entrar", habían instalado "una alarma" y el inmueble pasaba a estar vigilado "las 24 horas".
Las dos mujeres hicieron todo lo contrario y regresaron inmediatamente. Allí se encontraron con cuatro trabajadores “muy musculosos” frente a la entrada que las filmaban con el teléfono móvil. Sara se echó a temblar y Marta trató de "sobreponerse". "Claro que me sentí intimidada", asegura la mujer. Sin embargo, más allá del impacto inicial por esta presencia, “no hubo amenazas por su parte”, reconoce.
QUIEBRA FAMILIAR
Marta culpa de todo lo ocurrido a la empresa Korsal Proyect, que fue la que contrató a Desokupa. Según explicó a este diario, esta casa la compraron sus padres a mediados de los noventa. La hipoteca del Banc Sabadell se amplió con Bankia. Finalmente, arrastrados por la quiebra de la empresa familiar, dejaron de pagar y los desahuciaron cuando su padre estaba ingresado en fase terminal por culpa de un cáncer. Marta, a pesar del desalojo, se instaló en la vivienda nuevamente poco después. Lleva más de cinco años ocupando la casa en la que creció.
Korsal Proyect, que terminó comprando la propiedad, contrató a Desokupa para echarlas a las tres definitamente. El 9 de septiembre lo impidieron los Mossos. Los policías obligaron a los propietarios a devolver las llaves a Marta e informaron a la mujer de que podía denunciarlos por violar su domicilio. Lo hizo e incluyó en la demanda a los trabajadores de Desokupa. Estévez no ha querido hacer declaraciones a este diario pero sí ha subrayado que ninguno de ellos llegó a entrar en el domicilio.
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