Liberadas en Ibiza 10 mujeres obligadas a ejercer la prostitución

Agentes de la Policía Nacional y policías rumanos han liberado en Ibiza en una operación conjunta a diez mujeres que eran obligadas a prostituirse, una de ellas embarazada de seis meses. Las mujeres habían sido captadas en Rumanía y se las explotaba sexualmente en calles y clubes de Ibiza.

Los policías han detenido también a nueve miembros de la organización en Ibiza, Tarragona y Calasari (Rumanía), que han ingresado en prisión sin fianza por orden de la autoridad judicial.

Fue un ciudadano quien alertó a los agentes de las condiciones en las que se encontraba una mujer que, según sus manifestaciones, parecía estar siendo obligada a ejercer la prostitución.

Los agentes localizaron a la víctima y realizaron dos registros en un domicilio y un prostíbulo de Ibiza, así como en otras dos viviendas de la localidad de Calasari (Rumanía) de forma simultánea.

Las pesquisas llevaron a los agentes hasta dos hermanos de nacionalidad rumana que dirigían una organización criminal dedicada al tráfico y explotación sexual de mujeres. Los hermanos tenían a sus respectivas parejas sentimentales en Rumanía y, en connivencia con las mismas, buscaban a mujeres jóvenes en su propia localidad natal (Calarasi) o las captaban a través de redes sociales.

Seducían a las víctimas utilizando el método conocido como "lover boy", prometiéndoles una vida en común como pareja en Ibiza.

FAMILIAS DESESTRUCTURADAS

Las investigaciones permitieron a los agentes averiguar que las víctimas habían sido captadas cuando aún eran menores de edad o con los 18 años recién cumplidos, entre los estratos más desfavorecidos de la población y pertenecían, en su mayoría, a familias desestructuradas, careciendo de lazos familiares y afectivos.

Las víctimas eran sometidas por los tratantes a violentas agresiones físicas, humillaciones y todo tipo de vejaciones, y obligadas a abortar si se quedaban embarazadas. Además, los detenidos utilizaban plataformas móviles para ver en directo las agresiones, humillaciones y castigos físicos a los que eran sometidas las víctimas en caso de negarse a ejercer la prostitución.

Varias víctimas relataron a la Policía que la situación a la que estaban siendo sometidas era tal que había habido varios intentos de suicidio.

Las parejas sentimentales de los principales responsables de la organización estaban en Rumanía, donde se ocupaban, además de la captación de posibles víctimas, de recibir los beneficios obtenidos de la explotación sexual de éstas, teniendo constancia los investigadores del envío de casi 700.000 euros. En los registros se incautaron de 21.500 euros y abundante material informático y otra documentación incriminatoria que está siendo analizada por expertos policiales.