Ocho ayuntamientos piden que 27 jóvenes que se encerraron en la UAB no vayan a prisión

Ocho ayuntamientos catalanes, entre ellos los de Girona, Badalona, Santa Coloma de Gramenet y Manresa, han aprobado en las últimas semanas mociones de apoyo a las 27 personas -alumnos, exalumnos y trabajadores- de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) para las que la Fiscalía pide penas de hasta 11 años de prisión por varios delitos de desórdenes públicos, allanamiento de domicilio con intimidación, daños y coacciones.

Los encausados participaron en el 2013 en un encierro de un mes en el edificio del Rectorado de la UAB, con el que protestaron por la subida de tasas universitarias implantada aquel curso 2012-2013. La Fiscalía reseña, en su escrito de acusación, que la concentración se saldó con altercados y con el bloqueo absoluto del inmueble, donde se desarrollan tareas administrativas de la universidad, durante los últimos tres días de encierro. Más de 500 personas no pudieron entrar a trabajar durante aquellas semanas.

A los participantes también se les acusa de amenazas y coacciones contra cinco otros estudiantes de la universidad y contra la entonces vicerrectora de Estudiantes y Participación, Sílvia Carrasco.

La moción que están aprobando los consistorios reclama la absolución de las personas encausadas, insta a iniciar una mediación entre las partes implicadas y muestra el “firme compromiso del Ayuntamiento con la universidad pública, gratuita y de calidad a la que puedan tener acceso todas las personas independientemente de sus recursos económicos”.  

“Que el derecho  a la protesta con acciones simbólicas no violentas o delictivas como la ocupación de espacios en ningún caso puede ser respondido por parte de una universidad con denuncias o por parte de la Fiscalía con peticiones de prisión”, reza, por ejemplo, la moción aprobada en Santa Coloma de Gramenet, con el apoyo de PSC, Som Gramenet y Gent d’Esquerres-ICV-EUiA.

LA UNIVERSIDAD SE RETIRA

De hecho, la iniciativa, promovida por el grupo de apoyo 27iMés, ha coincidido prácticamente en el tiempo con la decisión del nuevo equipo de gobierno universitario (el pasado mayo, la farmacóloga Margarita Arboix sustituyó como rectora a Ferran Sancho) de retirarse de la acusación penal en este caso. Fuentes de la UAB han explicado que la Autònoma sí se mantiene personada en la causa por la vía civil, es decir, para percibir, si al final así los dictan los jueces, posibles indemnizaciones por los desperfectos sufridos. 

El colectivo 27iMés considera que las denuncias que pesan sobre los inculpados (25 estudiantes, un profesor y un trabajador de administración y servicios) son fruto de un cúmulo de irregularidades. Entre ellas cita, en un manifiesto, la implicación del ahora alcalde de Argentona, Eudald Calvo (CUP), quien, si bien había sido años antes alumno de la UAB, en el encierro solo participó como ponente en una charla, aseguran.

La ocupación del rectorado duró un mes, del 17 de abril al 17 de mayo del 2013. Inicialmente unas 200 personas participaron en la protesta, aunque con el paso de los días solo quedó medio centenar en el edificio. La segunda semana, según el relato del fiscal, estudiantes encapuchados y con pasamontañas restringieron el acceso a los trabajadores del Rectorado e impidieron las reuniones de los órganos de gobierno de la UAB. Solo se les permitió fichar.

La tercera semana, también según dice la Fiscalía, ya no dejaron entrar a nadie que no respaldara la protesta. Colocaron barricadas en la puerta, rompieron cristales, realizaron pintadas en puertas y paredes y rompieron máquinas de bebidas y comida, neveras y hornos microondas. El fiscal también suma pérdidas en servicios, gastos de vigilancia y las horas laborales perdidas durante la ocupación, con un importe total de 384.838 euros.

Los encausados, no obstante, discrepan de esta versión y recuerdan que “después de un mes de ocupación, intentando negociar con el equipo de gobierno de la universidad, sin ningún tipo de resultado y sin que el gobierno hicieron ningún intento de resolución amistosa del conflicto, el encierro de paró”. La salida, el 17 de mayo, en plena época de exámenes de final de curso, se realizó a instancias de los propios manifestantes.