Una ley 'neoyorquina'

Varias voces afirman que la ordenanza de civismo que entró en vigor en Barcelona en el 2006 es un "corta y pega catalán" de la que impuso el alcalde Rudolf Giuliani en Nueva York en la década de 1990. "Está bastante calcada", asegura el sociólogo Carlos Delclós. La neoyorquina implicaba "multas desorbitadas a músicos y artistas callejeros, vendedores ambulantes o mendigos, supresión del derecho a protesta... Violó los derechos de la primera enmienda de la constitución estadounidense de forma sistemática".

"Son leyes que parten de fijaciones similares: la seguridad y el orden público", añade Delclós. El sociólogo recuerda cómo en el 2006 Gerardo Pisarello y Jaume Asens criticaron la ordenanza por ser "una suerte de constitución de la ciudad basada en la idea de que el castigo ejemplar de los pequeños desórdenes y de cierta disidencia político-cultural puede llegar a ser un medio idóneo para acabar con la conflictividad urbana". En 'Sin permiso', el propio Asens acusa a la ordenanza de civismo barcelonesa de generar "una alarma social inducida". Aún no era concejal del ayuntamiento.

Barcelona usa para un vídeo promocional a una pareja multada reiteradamente por bailar tangos en la calle

DUEÑOS DE LA CALLE

Pero la ordenanza también apunta en otra dirección: la privatización el espacio público. "Esto no es limpiar la calle, es apropiarse de ella y el gobierno municipal se dio cuenta de que había un montón de miembros en la sociedad que no pagaban IRPF: putas, músicos, manteros... ", denuncia Masterson. El sociólogo Delclós apunta que "la Rambla, las plazas del Born, el paseo de Gràcia y el de Joan de Borbó ya están privatizados. Producen riqueza para las grandes superficies y los dueños del suelo urbano". En su opinión, "el problema que genera un músico callejero cuando toca en el espacio público es que convierte lo que el capital pretende que sea un espacio liso y adaptado a sus flujos en algo más denso, más vivido, más humano".

El manifiesto del colectivo Músicos de Calle en Lucha recoge un informe de valoración de la ordenanza del civismo por parte de Col·legi Oficial d'Advocats de Barcelona que la acusa de apostar "por una gestión del espacio público basada en un modelo policíaco de intensa intervención administrativa, lo que significa una judicialización de la vida de las personas". Según el informe, esta práctica "contradice la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad, en concreto del artículo 25 de la misma, que sostiene que las ciudades signatarias [entre ellas Barcelona] favorecerán la solución extrajudicial de los conflictos civiles, penales, administrativos y laborales mediante la implantación de mecanismos públicos de conciliación, transacción, mediación y arbitraje".

CRIMINALIZAR LA POBREZA

A mediados de junio, mientras la ciudad andaba ajetreadísima con el Sónar, la CUP presentó un ruego en un pleno del ayuntamiento para que, mientras rija la ordenanza de civismo, se retirasen las multas a los músicos y se devolviesen los instrumentos requisados. La respuesta fue negativa. "Gala Pin dice que la ordenanza está vigente y hay que cumplirla. La misma excusa que han dado gobiernos anteriores", lamenta De La Torre.

Fuentes de Barcelona en Comú aseguran que su compromiso sigue siendo "revisar" la ordenanza de civismo este mandato, "sobre todo los puntos en los que se criminaliza la pobreza", aunque aún no tienen una fecha para ello. En lo que sí están ya trabajando es en una normativa específica para regular la música en la calle en Ciutat Vella, donde se concentra principalmente esta actividad. Una norma sin medidas punitivas que estará por debajo de la ordenanza de civismo y que pretende, según el equipo de gobierno, mejorar la situación actual del colectivo, por lo que se está trabajando con ellos.