Colau ordena el cierre del centro de extranjeros de la Zona Franca

El Ayuntamiento de Barcelona ha ordenado el cese de actividad del centro de internamiento para extranjeros (CIE) de la Zona Franca, que está cerrado por reformas desde el 5 de noviembre pasado. Desde aquel día, entidades sociales e instituciones han intentado que el CIE no volviera a abrir sus puertas. El consistorio echa mano de una argucia legal para intentar lograr ese objetivo: argumenta que el centro no cuenta con una licencia de actividad y en ello basa la orden de cese emitida. El ayuntamiento también denuncia que la instalación no cumple con las normas de seguridad contra incendios.

La argucia se fraguó en el distrito de Sants-Montjuïc, que fue el que recibió la petición de la licencia para las obras de reforma, que no presentan mayor incidente. Pero según el consistorio, fue al cumplimentar ese trámite cuando se descubrió que el CIE funcionaba sin licencia de actividad. Por ello se insta a que siga cerrado. El Ministerio del Interior, del que depende el CIE, presentó alegaciones, que han sido rechazadas.

La decisión de vetar la reapertura del centro ha sido comunicada este mismo miércoles a los grupos municipales por el teniente de alcalde de de Derechos de la Ciudadanía y Diversidad, Jaume Asens, quien como abogado ya se destacó en la lucha que entidades sociales pero también instituciones han impulsado para que el CIE de la Zona Franca fuera clausurado definitivamente.

OPACIDAD

Los CIE son centros en los que se interna a los extranjeros que van a ser expulsados a sus países de origen por residir ilegalmente en España. En puridad, es una falta, ni siquiera un delito, pero el internamiento se plantea como garantía de la deportación. Hasta hace muy poco, los CIE no contaban con reglamento alguno, lo que en la práctica suponía que no había más normas que las que dictara el director de turno. Los horarios de visita variaban por sorpresa o las visitas se suspendían inesperadamente por cualquier causa.

El centro de Barcelona ha sido recurrentemente denunciado por su falta de transparencia. Lo han hecho entidades como Tanquem els CIE, SOS Racisme y Migrastudium, que el pasado 14 de junio se manifestaron contra la reapertura. El Ministerio del Interior contaba con abrir por aquel entonces, pero aplazó la decisión. Se dijo que era para evitar conflictos durante la campaña electoral, pero las trabas legales presentadas por el ayuntamiento quizá indujeron el aplazamiento.

CELDAS SIN LAVABOS

La vida en el CIE, según internos que han pasado por allí, puede resultar más inquietante que en una cárcel, en la que las normas están claras. En los CIE nunca lo estuvieron hasta la aprobación del primer reglamento, en el 2014. Allí conviven extranjeros que solo han cometido la falta administrativa de residir ilegalmente en España con otros foráneos que además acarrean delitos. Eso resulta complicado para el primer colectivo. Aparte de los argumentos humanitarios, la efectividad de los centros de internamiento es relativa, ya que más o menos la mitad de los que van a parar allí no pueden ser expulsados por problemas burocráticos durante los 60 días que, legalmente, pueden pasar allí como máximo.

El 30 de abril del 2012, el entonces número dos de Interior, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, visitó el CIE de la Zona Franca. Aunque todo parecía recién lavado, nada impidió a los periodistas constatar obviedades como que las celdas no contaban con lavabos. Aunque los policías negaron que fueran celdas. Las llamaban “habitaciones de seguridad”. Aquel día, los internos fueron agrupados en el patio y aislados por una barrera de policías para que no pudieran hablar con los periodistas.

VIGILANCIA JUDICIAL Y TRES MUERTOS

La situación mejoró cuando el CIE se puso bajo vigilancia judicial. De hecho, es el juez Joaquín Aguirre, encargado de esta función, quien incentivó las obras de reforma al constatar, por ejemplo, que el agua de las duchas ardía o helaba con frecuencia. También se han vivido situaciones más graves allí. En los últimos años ha habido tres muertos en el CIE. En el 2010 un marroquí de 22 años se suicidó. En el 2012, el guineano Idrissa Diallo murió de madrugada. No había médico para atenderlo. En el 2013, el armenio Aramis Manukyan se ahorcó con los cordones de los zapatos.

PARLAMENT Y EL AYUNTAMIENTO

No solo las entidades sociales han combatido el CIE, aunque es cierto que durante mucho tiempo lo han hecho en solitario. En julio del 2015, el Parlament solicitó el cierre del CIE en una votación en la comisión de Justícia: CiU, ERC, el PSC, ICV-EUiA y la CUP respaldaron la exigencia. En noviembre pasado fue el Ayuntamiento de Barcelona el que solicitó que cerrara. Y en abril pasado, la Generalitat lo solicitó al Gobierno central.