La gran guerra internauta

Cuando Twitter no era ni un pajarillo, internet sufrió su primer incendio serio con los primeros intentos de aplicación del canon digital, que pretendía gravar los dispositivos electrónicos que se utilizan para copiar música y películas. Legal e ilegalmente, porque todo el mundo quería tener su discoteca de vinilos y CD en sus reproductores MP3, sus vídeos en los MP4 y sus películas en el ordenador, vinieran de un DVD o de un supuesto amigo del P2P. Fue la gran guerra internauta recién ganada la batalla en pro de la tarifa plana y consiguió poner a casi todo el ciberespacio de acuerdo en contra de un concepto poco comprensible para muchos mortales: que tenían que volver a pagar por copiar aquello que ya habían comprado.

Foros, webs y blogs se llenaron de soflamas y de líderes de opinión cuyos argumentos se esgrimían a favor y en contra de la nueva normativa que tenía sus orígenes en una ley de 1987 sobre copia privada, pensada para las grabaciones de vídeo y casete, pero que se llevó todas las iras cuando en el 2006 se fijaron las tarifas con el auge de las grabadoras y los reproductores MP3 mediante un acuerdo privado entre entidades de gestión y la patronal de las tecnológicas, Asimelec, con arbitrio del Gobierno. De fondo, la guerra de autores y discográficas contra el intercambio de archivos y las caídas de ingresos por música y películas, que desembocó en la llamada 'ley Sinde' del 2009, que permitía a un juez cerrar una página donde se descargara contenido sin pagar derechos de autor.

Los lobis tomaron posiciones y surgieron voces como la Asociación de Internautas (AI), la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) -significadas ya en la guerra contra Telefónica-, los abogados defensores de la libertad de expresión en la red y el frente anti-SGAE, que llegó a reunir en la plataforma 'Todos Contra el Canon' a más de 500 entidades y asociaciones, desde las de consumidores a las informáticas. Hasta Mariano Rajoy firmó un manifiesto en contra en el 2007. “Empezamos contra la 'ley Sinde' y llegó hasta el ‘No les votes, no nos representan’ del 15M”, afirma Víctor Domingo, presidente de la AI, que sitúa el final de la protesta acalorada en la detención de Teddy Bautista, presidente de la SGAE y su cúpula directiva, acusados de apropiación indebida, con las tiendas de la plaza del Sol aún puestas. La entidad renovó su dirección y promovió una investigación interna que llevó a la paz social.

DISCRIMINAR USUARIOS

Una tendera de Barcelona, Ana María Méndez, a quien la SGAE llegó a reclamar 48.000 euros por no haber pagado las tasas del canon digital, asestó el primer gran revés de la ley española. Su abogado, Josep Jover, logró que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tumbara el canon español en el  2011 porque no discriminaba entre los usos que se daban a los dispositivos y metía en el mismo saco todos los archivos y a todos los usuarios. La presión ya fue tanta que el PSOE abandonó el Gobierno sin haber desarrollado el reglamento, que acabó aprobando el PP con un decreto ley recién llegado al poder que llevó a incluir el canon en los Presupuestos del Estado, lo que ahora acaba de tumbar el TJUE.

“Ahora, volvemos a estar en el punto de partida, porque hay que volver a redactar la ley y volver a estudiar cómo compensar a los autores, pero al menos ya no pagan todos y no son las entidades quienes recaudan y se administran sin control”, afirma Domingo, que recuerda que su entidad aún está pagando costas por las reclamaciones judiciales de entonces y aboga porque la compensación se incluya en el origen: al comprar el derecho de uso.