La pataleta infructuosa de Madrid
Carlos Márquez Daniel
Periodista
Periodista especializado en Barcelona. En 'El Periódico' desde principios de siglo. Los últimos 15 años, dedicados a la información local: movilidad, urbanismo, infraestructuras, política municipal, barrios, área metropolitana y medio ambiente. Colaborador habitual en los programas de televisión 'Planta Baixa' (TV3) y 'Bàsics' (Betevé).
CARLOS MÁRQUEZ DANIEL / BARCELONA
Bastan cuatro números para comprobar el alcance de la cosa. Los 10 pueblos con mayor ratio de vehículos por habitante matricularon en el 2015 un total de 130.475 turismos. En todo el año se vendieron en España 1.034.232 coches. En esos 10 municipios viven 9.006 personas, y en toda España, 46.624.382. La regla de tres da como resultado que el 0,019% de la población amasa el 12,6% de las matrículas. Si se cogen solo las placas solicitadas por empresas de alquiler (176.571) y de renting (275.796), el porcentaje es muy superior: el 29%.
El acuerdo al que llegan las compañías con los pequeños pueblos perjudica a las localidades por las que sí circularán esos coches, motos, camiones o remolques. No solo porque son autos que dejan de ingresar en esas arcas municipales, sino porque esas ciudades o zonas costeras a las que se les queda cierta cara de tonto tienen que lidiar con toda la polución y el tráfico que generan mientras que el impuesto de tracción mecánica se queda en otro lugar. Es decir, dan pero no reciben; proporcionan calles, asfalto, semáforos, señalización, aparcamiento y policía municipal, pero no perciben un solo euro, más allá de las posibles multas.
CONTENCIOSO RECHAZADO
El Ayuntamiento de Madrid hizo cuatro números y llegó a una conclusión inquietante: con la argucia de matricular en pequeños pueblos, la capital del Estado dejaba de ingresar millones de euros cada año. El consistorio presentó en abril del 2005 un requerimiento a la Dirección General de Tráfico (DGT) para que endureciera las normas de inscripción de coches. También solicitaba que las matrículas del último lustro solicitadas en pequeños municipios por parte de empresas de alquiler o renting dejaran de tener vigencia.
Ante la negativa de la autoridad competente a modificar las condiciones, la ciudad presentó un recurso contencioso-administrativo que fue rechazado en julio del 2007. El ayuntamiento recurrió ante el Tribunal Supremo, que en el 2011 volvió a fallar a favor de la DGT. En diez años, según cifras municipales, Madrid dejó de de ingresar 62,4 millones de euros.
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