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ANÁLISIS

Ester Quintana ha sido mutilada tres veces

Luis Mauri

Ester Quintana posa en los alrededores de la Rambla Prim de Barcelona, en septiembre del 2015.

Ester Quintana posa en los alrededores de la Rambla Prim de Barcelona, en septiembre del 2015. / FERRAN NADEU

Ah, qué dulce sensación de paz, qué bálsamo de seguridad, qué fragancia de libertad amparan a los catalanes después de que la mutilación de una ciudadana por el disparo de un mosso delincuente haya quedado impune en los tribunales de justicia.

No. Dejémonos de afeites sarcásticos. La gravedad del asunto es tan abrumadora que exige que los hechos y sus consecuencias se expongan en crudo. Y los hechos son estos: a Ester Quintana, que una tarde de huelga general ejercía su derecho constitucional a manifestarse sin violencia, o bien simplemente caminaba por el centro de Barcelona, la han mutilado tres veces.

TRES PASOS

Primero la mutiló el agente de los Mossos que la dejó tuerta de un disparo. Una acción policial repugnante, sin justificación posible: no había ningún tipo de alboroto en el lugar y a la hora en que el mosso apretó el gatillo.

Después la mutilaron el ‘conseller’ de Interior Felip Puig y el director de los Mossos Manel Prat, aparentemente servidores públicos, que lejos de escuchar y socorrer a la víctima, la desacreditaron públicamente: ella sabría dónde había puesto el ojo, porque desde luego ningún policía había tenido nada que ver con aquel estropicio.

Y por último la ha mutilado el sistema policial y judicial, incapaz de señalar y castigar al mosso delincuente. Este podrá continuar entregado con su particular empeño a la tarea de velar por la seguridad de sus conciudadanos y pagadores de su nómina.

RÉCORD OMINOSO

Pero, ¿qué demonios pasa en este país para que en los últimos años se haya hecho merecedor de un ominoso récord internacional de mutilados oculares por munición de goma disparada por los antidisturbios? Ester Quintana, Nicola Tanno, Jordi Naval, y así hasta siete tuertos y otros cuatro heridos graves. Y, por encima de esto, ¿cómo es posible que ninguna de esas acciones haya merecido el más mínimo castigo penal? ¿Acaso es tolerable tamaña impunidad? ¿Qué enfermedad corrompe la salud democrática de las instituciones, cuyos responsables no conciben otra actitud de salida que la de cerrar filas con los abusadores frente a las víctimas, desacreditar a estas últimas y enmarañar los casos en beneficio de los primeros? ¿A qué responde esta falta endémica de coraje político para identificar y corregir los errores en el ejercicio policial y sancionar los abusos?

Identificar, corregir, sancionar… Si esto no revistiera tanta gravedad, sería para echarse a reír. En vez de cumplir con su obligación, lo que han hecho la Conselleria d’Interior y los Mossos d’Esquadra es obstaculizar la investigación al negar desde primera hora que se disparasen proyectiles en el lugar por donde pasaba Quintana aquel día y a aquella aciaga hora. Desacreditar a la víctima, humillarla de ese modo… qué más da; nosotros a lo nuestro.

LA OBSTACULIZACIÓN

El tribunal no ha logrado desenmascarar al policía delincuente, pero sí ha constatado y censurado con contundencia que los “máximos responsables políticos y policiales de Interior (…) condicionaron y perjudicaron la investigación de los hechos”.

En un país que tuviera en aprecio la democracia y la justicia, el ‘conseller’ de Interior, Jordi Jané; el director de los Mossos, Albert Batlle, y el comisario jefe del cuerpo, Josep Lluís Trapero, no tendrían ningún asunto más urgente que atender que dar con el delincuente que campa a sus anchas en los Mossos. 

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