Con la venia, en el nombre de Juan Andrés Benítez

El pacto alcanzado entre las partes para resolver la muerte a golpes de Juan Andrés Benítez invalida el juicio, serena al cuerpo policial y agita la indignación de los impulsores de la campaña que durante 32 meses reclamaron justicia para el comerciante del Gaixample.

Con la venia, la celebración del juicio probablemente hubiese aclarado muchas de las sombras que envolvieron aquel suceso del 5 de octubre del 2013. Las preguntas crecen sin respuestas claras. 

Estuvo previsto que declarasen como testigos siete vecinos del Raval. Desde la acusación popular no pudo preguntarse ¿cuántos vecinos tienen imágenes y sonido y no se han atrevido a presentarlas por miedo? Alguno de ellos podía confirmar si se impidió intervenir al personal sanitario que acudió al lugar de los hechos. ¿La sala hubiera tenido en cuenta la declaración de un hombre que aseguró escuchar entre el barullo la exclamación «¡maricón, te vamos a matar!» ¿Cómo hubiera influido en el jurado el carácter homofóbico del homicidio?

La citación de médicos forenses y peritos también iluminaría. Los plomos se fundieron y ya nadie podrá determinar si Benítez falleció en urgencias del Hospital Clínic o en la calle del homicidio imprudente. Tampoco se despejarán las sospechas que atormentan al círculo de amistades del comerciante: ¿por qué se tardó dos días en avisar a la familia del fallecido? ¿Es cierto que el cadáver estuvo indentificado erróneamente aquel fin de semana? ¿Regina Benítez solo pudo ver el cuerpo de su hermano una semana después de los hechos? ¿Hubo algún protocolo incumplido por algún médico del hospital?

A los fieles de Benítez los tildarán de amigos de las teorías de la confabulación. No les importa. Se inquietan al intuir por qué la familia (una hermana, un cuñado y dos sobrinas con residencia en una urbanización de Sevilla) optó por renunciar al proceso. «Nosotros no queríamos dinero, queríamos que se hiciera justicia», advierten al tiempo que cuestionan el papel del abogado David Aineto, abanderado del acuerdo. «¿Hay algún modo de averiguar qué porcentaje cobrará el defensor de los 150.000 euros de la indemnización?», se escuchó la tarde del lunes entre el atribulado vecindario de la calle de la Aurora concentrado en un solar para lamentar la resolución judicial. 

Ese espacio, bautizado como Àgora de Juan Andrés, cuenta con un pequeño huerto y mobiliario desparramado donde antes reinaban escombros y jeringuillas usadas. Lo rescataron los inquilinos de la zona al constituirse en plataforma justiciera. El apellido Benítez es su bandera, sobre todo en estas jornadas de desolación. ¿Qué hará a partir de ahora este grupo activado por Iñaki García, Gerardo Ariza y Eugeni Rodríguez?

De momento, digerir la sentencia, buscar réditos al movimiento generado y clamar por que nunca más se repita una actuación tan tremenda de los Mossos d’Esquadra. «Para las próximas generaciones lo que quedará por encima de la sentencia serán las imágenes de la paliza mortal». Ariza, el amigo que se ha dejado la salud en la batalla, advierte de que siempre lo más importante será «no perder la esperanza en que la lucha en la calle tendrá éxito».

También tocará restañar las heridas surgidas. Para hacerlo necesitan que Àlex Solà y Laia Serra, abogados de la Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, aclaren «de verdad» por qué suscribieron el pacto. 

Tampoco olvidan aquel tenso Consell Nacional de la LGTB donde se exigió la dimisión del director general de la policía Manel Prats con el voto contrario de Joan Igual, el presidente de Acegal, la entidad que reúne a los comerciantes del Gaixample, a la que pertenecía Benítez. «Que lo hicieran el colectivo gay de CiU, se puede entender, lo de Igual, no. Atacó al amigo fallecido diciendo que ‘llevaba una vida muy equivocada», recuerda un testigo de aquella asamblea.